Decenas de manifestantes ocuparon hoy la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya para evitar que la jueza Mariana Mota asumiera como nueva titular de un juzgado civil, en protesta por el traslado de esta magistrada que tenía a su cargo 50 expedientes de la dictadura militar (1973-1985).

Fuentes judiciales confirmaron a Efe que Mota "no ha podido asumir" su nueva responsabilidad por "la cantidad de gente concentrada tanto fuera como dentro de la sala" de la SCJ, donde se iba a realizar el acto de asunción.

Efe pudo constatar en el lugar que durante la acción de protesta hubo empujones, forcejeos e insultos entre varios manifestantes y una veintena de policías que se trasladaron hasta allí para asegurar que se realice la ceremonia, algo que todavía no han logrado.

Una hora antes de las 11.00 hora local (14.00 GMT), la hora prevista para el acto, comenzaron a llegar a la sede de la SCJ los manifestantes, pertenecientes a grupos de derechos humanos que luchan contra la impunidad de los crímenes de la dictadura.

Entre esas organizaciones civiles están la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay o Crysol.

Varios representantes estos grupos lograron ingresar al recinto para ocuparlo e impedir que se celebrara el acto, que ha sido motivo de una fuerte polémica en el país desde el momento en que fue anunciado esta semana por la SCJ.

El jueves pasado, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak justificó el traslado de Mota por los "antecedentes" de la jueza.

"Se le habían sacado varias tarjetas amarillas. Era una cuestión de tiempo", afirmó.

Mota participó en 2011 en la Marcha del Silencio, una multitudinaria manifestación que se realiza cada mes de mayo por el centro de Montevideo y en la que miles de personas portan velas y caminan en silencio en memoria de los desaparecidos durante la dictadura.

Por ese episodio, en el que según Mota solamente estuvo presente pero no marchó con el resto de manifestantes, la magistrada fue objeto de una investigación administrativa.

La magistrada también tuvo problemas con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por sus diferencias sobre el caso de un avión que desapareció en aguas del Río de la Plata el pasado mes de junio.

Sin embargo, activistas y profesionales del medio judicial ven otras razones para la medida, como la exfiscal Mirtha Guianze, que la consideró "sorprendente e indignante".

"Es un retroceso importantísimo de la justicia en Uruguay y una victoria de la impunidad", afirmó el jueves a Efe la fiscal, que investigó las desapariciones y muertes de la maestra Elena Quinteros y del matrimonio Julien, dos casos emblemáticos de la dictadura.

Guianze denunció, además, que el traslado de la magistrada provocará una "parálisis de los juicios que tiene pendientes", ya que "tenía que resolver casos que implican a personalidades importantes en la órbita militar".

Por su parte, el abogado Pablo Chargoñia, que llevó el caso de Quinteros, valoró la medida "de forma muy negativa" ya que la jueza "llevaba la mayor cantidad de causas de crímenes de la dictadura y trabajaba con profesionalidad y honestidad".

En cambio, la noticia fue bien recibida por los militares retirados, para quienes "demuestra que aún se puede confiar en la justicia" en el país, según señaló el presidente del Círculo Militar, Guillermo Cedrez

Cedrez aseguró que Mota cometió "irregularidades de todo tipo" y denunció que no era "imparcial", algo "inadmisible para un juez".