Una coalición de organizaciones sociales propuso el jueves la depuración y reforma del Ministerio Público (fiscalía) hondureño bajo guía internacional en vista de su ineficiencia para investigar el crimen organizado, el narcotráfico y los delitos vinculados con la policía.

La Alianza por la Paz y la Justicia presentó sus propuestas en un informe financiado por la Embajada de Estados Unidos.

"El Ministerio Público de Honduras tiene un vacío investigativo respecto a la criminalidad organizada, el narcotráfico y los crímenes vinculados con la policía. En este país no se requiere para investigación y juicio a ningún miembro de estos estamentos, al igual que sucede con la clase política", dijo a la Associated Press el coordinador de la Alianza, Josué Murillo.

La Alianza es una coalición de organizaciones sociales cuyo fin es realizar una auditoría social del proceso de reforma y depuración del sistema de seguridad y justicia del país.

"Lo primero es depurar la policía y el Ministerio Público, después articular la reforma de ambas instituciones y dotarlas de presupuesto", añadió Murillo.

Según un estudio reciente del Defensor del Pueblo, el 81% los casos presentados anualmente en Honduras se quedan sin investigar o en proceso de investigación sin llegar a los tribunales.

El informe de la Alianza, realizado entre octubre y diciembre de 2012, detalla las principales falencias del Ministerio Público: enorme cantidad de tareas respecto al presupuesto, falta de control de los casos, corrupción, debilidad institucional o falta de capacitación de los fiscales.

Guillermo Hernández, ex fiscal salvadoreño y uno de los redactores del texto, señaló que "El Ministerio Público presenta serias dificultades para el desarrollo de la investigación, su política de persecución es muy deficiente" y que "se detectó que en el año 2012 el proceso de capacitación de los fiscales no fue dotado de presupuesto".

También afirmó que "se respira un ambiente de desconfianza mutua entre policía y fiscales entre acusaciones cruzadas de corrupción" y que "la coordinación entre ellos es la excepción y no la regla, con una clara falta de comunicación".

Respecto a la corrupción, el informe detalla que entre 2001 y 2012 se presentaron 2.257 resoluciones de sanción contra miembros del Ministerio Público pero sólo hubo despido en 65 casos y algún tipo de sanción administrativa en 240 casos, dijo Henry Campos, ex viceministro de Justicia y uno de los dos redactores del informe.

"Si analizamos la debilidad institucional del Ministerio Público y la brecha entre denuncias y sanciones, la deficiencia de funcionamiento es muy grande y debe ser corregida", acotó.

Campos señaló también que se detecta una "sistemática falta de pago de salarios al personal del Ministerio Público que provoca desmotivación, lo que sumado a una carga de trabajo desproporcionada de hasta 500 casos por fiscal, impide su correcta resolución".

Hernández sostuvo que "la deficiencia presupuestaria no permite acometer las tareas encomendadas" e indicó que del total del presupuesto del sector seguridad y Justicia en Honduras, sólo el 14% está destinado al Ministerio Público mientras la Secretaría de Seguridad (que gestiona la policía) dispone del 56% y el poder judicial del 28%".

El ex fiscal añadió y que "la investigación en Honduras es el talón de Aquiles de la justicia, que necesita una intervención de emergencia" y "es necesario implementar un proceso de depuración concentrado y excepcional para recuperar la normalidad de funcionamiento de la institución bajo estándares y guía internacional".