El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció hoy que setenta profesionales de los medios de comunicación fueron asesinados por su labor el año pasado y otros 232 permanecieron en cárceles de distintas partes del mundo.

"Cuando los periodistas son silenciados, a través de violencia o de leyes restrictivas, perdemos todos, porque los crímenes quedan ocultos, el disenso es amordazado y los ciudadanos se ven despojados de sus derechos", afirmó hoy el subdirector del CPJ, Robert Mahoney.

La organización de defensa de la libertad de prensa presentó en la sede de Naciones Unidas su informe anual "Ataques a la prensa" en el que denuncia un aumento "sin precedentes" en el número de periodistas asesinados y encarcelados en el último año.

Setenta periodistas murieron en 2012, el 43 % más que en 2011, y más de 35 están desaparecidos, según el CPJ, cuya investigación muestra que estadísticamente un periodista ha sido asesinado por su labor cada ocho días en las últimas dos décadas.

Mientras, el número de periodistas encarcelados alcanzó en 2012 un máximo histórico de 232, lo que supone 53 más que un año antes, una tendencia impulsada principalmente por acusaciones de terrorismo y otros delitos contra el estado a periodistas y editores críticos.

Al margen de las cifras, que son las más alta desde que comenzó su registro en 1990, el CPJ lamentó que el aumento de una legislación restrictiva y de la censura estatal están poniendo en peligro el periodismo independiente en muchos países del mundo.

"Los gobiernos tienen que enjuiciar a los autores de estos delitos y poner freno a quienes buscan anular el periodismo de investigación y crítico sobre temas de interés público", añadió el subdirector del CPJ.

Este año el informe incluye una nueva lista de "países en riesgo" que incluye a los diez Estados donde la libertad de prensa afrontó mayores peligros: Brasil y Ecuador, en América Latina, además de Etiopía, Irán, Pakistán, Rusia, Somalia, Siria, Turquía y Vietnam.

El CPJ identificó altas tasas de asesinato e impunidad en Brasil, Pakistán y Somalia, el uso de leyes restrictivas para silenciar el disenso en Ecuador, Turquía y Rusia, y detenciones para frustrar la cobertura crítica en Etiopía, Turquía, Vietnam, Irán y Siria.

En el caso de este último país, la organización indicó que la tasa de mortalidad es "excesivamente alta" ya que los periodistas se enfrentan a "múltiples riesgos" por parte de todos los actores del conflicto que se desató hace ya dos años.

El informe denuncia también los "agresivos esfuerzos" de actores estatales y no estatales para "silenciar" a los periodistas, y en particular los que informan sobre la delincuencia, la corrupción, la política y el conflicto.

Mahoney recordó que los derechos a recibir y difundir información trascienden las fronteras y los organismos internacionales y regionales tienen un "papel clave" que desempeñar en la defensa de estos principios que, según lamentó, "están bajo ataque".

En este contexto, el CPJ hizo un llamamiento para que un plan de la ONU lanzado hace cinco años para aumentar la seguridad de los periodistas y luchar contra la impunidad se implemente "de forma completa" para garantizar una prensa "libre y segura" en el mundo.

"Los países deben honrar su compromiso más allá de los programas de capacitación, designaciones especiales y la retórica, y las agencias de la ONU adoptar prácticas para dar respuestas rápidas y coordinadas cuando la prensa enfrenta una crisis", concluyó.