El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) constata en un informe que la violencia contra los informadores en Perú "disminuyó levemente" el año pasado pero criticó que la impunidad prevalece, con un índice del 86 % en los casos de asesinatos de periodistas.

"Las autoridades solamente han resuelto un caso de asesinato de periodista, de siete en total, desde 1992", un índice de impunidad del 86 %, resaltó hoy el CPJ en su informe anual "Ataques a la prensa", presentado hoy en la sede de Naciones Unidas y en el que denuncia un aumento "sin precedentes" en el número de reporteros asesinados y encarcelados en todo el mundo en 2012.

En el tema de impunidad, el CPJ destaca el caso del periodista Pedro Alfonso Flores Silva, asesinado en 2011. El fiscal a cargo de dicha investigación también fue asesinado, en abril de 2012, en la misma semana en la que iba a divulgar los resultados de su investigación.

El pasado año, según el CPJ, "la policía nacional anunció que el alcalde local había ordenado el asesinato de Flores en represalia por las denuncias de corrupción política por parte del periodista, pero el alcalde nunca fue acusado formalmente en el caso", según el informe presentado hoy en la sede de Naciones Unidas.

Por otra parte, en 2012 se registraron varias agresiones contra los medios y, según el balance de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), los funcionarios públicos fueron responsables de más de un tercio de las violaciones contra la prensa documentadas entre el 1 de enero y el 3 de mayo.

Dichas violaciones consistieron en "agresiones, amenazas, secuestros, obstrucción del trabajo de la prensa y casos de acoso jurídico". Los periodistas que informaban sobre temas "sensibles como la corrupción y la delincuencia estaban particularmente expuestos a los riesgos", agrega el documento.

En ese sentido, el informe del CPJ documenta el caso de un periodista que perdió el conocimiento a causa de una golpiza después de denunciar actos de corrupción y los ataques por parte de la "policía y manifestantes" a comunicadores que cubrieron violentas protestas contra un proyecto minero.

En el mismo año, ningún periodista resultó encarcelado, asegura el CPJ, pero "dos recibieron sentencias de prisión suspendidas al ser declarados culpables del delito de difamación".

Se trata de Juan Carlos Tafur, director de la publicación Diario 16, y Roberto More Chávez, reportero de ese diario, quienes fueron condenados por el delito de difamación a raíz de un artículo "que vinculaba a un conocido general retirado con una familia con presuntos nexos con el narcotráfico".

Mientras tanto, asegura el CPJ, un proyecto de ley que elimina las sanciones de privación de libertad por el delito de difamación y aumenta las multas y el servicio comunitario se mantiene "paralizado en el Congreso desde mediados de 2011".