El gobierno dominicano anunció el jueves que reconocerá los cuestionados títulos de propiedad de terrenos en la paradisíaca playa de Bahía de las Aguilas, dentro de una reserva ecológica, como primer paso para desarrollar turísticamente al empobrecido suroeste del país.

"Bahía de las Aguilas no va a ser tocada" en los planes de infraestructura turística del suroeste, aclaró en varias ocasiones en conferencia de prensa el ministro de Medio Ambiente, Bautistas Rojas, para responder a las preocupaciones de grupos ecologistas.

El funcionario aseguró que no serán afectadas por futuros proyectos turísticos no sólo Bahía de las Aguilas y sus playas de arenas blancas, 320 kilómetros al oeste de la capital, sino ninguna de las áreas protegidas de la provincia Pedernales.

Con su decisión de reconocer los títulos de propiedad, el gobierno desiste de un litigio judicial de 16 años en el que aseguraba que esos certificados eran resultado de un fraude cometido en 1995 y 1996 por un ex funcionario que incluso estuvo detenido por el caso y aún espera la decisión de la Suprema Corte de Justicia.

De continuar el juicio para anular los títulos de propiedad de los terrenos en las áreas protegidas de Pedernales, "tendríamos que esperar un largo tiempo y mientras tanto estos recursos del país estarían perdiéndose", explicó el consultor jurídico de la Presidencia, César Pina.

El funcionario aclaró que una vez que el poder judicial avale el acuerdo se creará un fideicomiso para que los poseedores de los cuestionados títulos de propiedad reciban el 45% del valor de los terrenos.

Una vez concluida la transacción, el ministerio de Turismo emprenderá los proyectos para desarrollar infraestructura en Pedernales, una de las provincias más pobres, áridas, despobladas y de difícil acceso del país, pero con impresionantes paisajes y gran diversidad biológica, que va desde el turquesa del mar y sus bancos de coral, a regiones áridas y bosques de coníferas.

Mientras los cuatro millones de turistas que recibe al año República Dominicana se concentran en los hoteles de playa de Punta Cana, Bávaro y La Romana, en el oriente, así como en Puerto Plata y Samaná, en el norte y noreste, el suroeste dominicano carece de infraestructura para los viajeros.

"Lo que está ocurriendo hoy es la legitimación del fraude inmobiliario más grande de la historia de República Dominicana", dijo la abogada Laura Acosta, cuya madre, la ex jueza Carmen Lora, fue representante del estado en contra de los poseedores de títulos de propiedad hasta su muerte en 1999.

Según los documentos que presentó Lora en representación del Estado, en 1995 el entonces director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez, adjudicó a esa institución las 36.197 hectáreas del parque nacional Jaragua, donde se ubica Bahía de las Aguilas y que había sido declarado reserva ecológica y científica en 1983.

El IAD traspasó los terrenos a supuestos parceleros pobres de Pedernales, muchos de ellos inexistentes, quienes a su vez los vendieron de inmediato a terceros propietarios, entre ellos arquitectos, ingenieros y empresarios.

"Esos títulos fueron obtenidos fraudulentamente", insistió Lora, que ha seguido el proceso judicial y forma parte de los grupos que tienen previsto realizar el próximo lunes una protesta masiva en contra de la decisión del gobierno de reconocer los certificados de propiedad y contra la explotación turística de Bahía de las Aguilas.

Aunque saludó la decisión del gobierno, por considerar que abrirá las puertas para el desarrollo de Pedernales y otras regiones del suroeste, el senador por esa provincia, Dionis Sánchez, reconoció que entre los poseedores de títulos de propiedad no figuran ningún residente ni ningún parcelero de la zona.

"El tema no es sólo medioambiental, es inmobiliario y de un fraude; el Estado demostró que hubo un fraude", dijo el sociólogo Manuel Robles, que participa en la organización la protesta del próximo lunes frente a la Suprema Corte de Justicia.