Un juzgado penal condenó a 37 años y 11 meses de cárcel a un ex contratista de la empresa carbonífera Drummond como autor intelectual del asesinato de dos sindicalistas de esa multinacional estadounidense en 2001, se informó el miércoles.

En su fallo, el juez penal de Bogotá William Andrés Castiblanco también condenó a Jaime Blanco Maya a pagar una multa de 661 millones de pesos (o unos 369.000 dólares), según la sentencia de 81 páginas, copia de la cual tuvo acceso la AP.

Blanco Maya, quien está detenido en una prisión de Bogotá desde septiembre del 2010, fue acusado por la Fiscalía General de ser el determinador o autor intelectual y le imputó cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir en el caso del asesinato en marzo de 2001 de los sindicalistas Valmore Locarno, de 42 años, y Víctor Hugo Orcasita, de 36, quienes fueron bajados de un bus de obreros y luego asesinados a tiros por un grupo de paramilitares en zona rural del municipio de Bosconia, departamento de Cesar, a unos 600 kilómetros al norte de Bogotá.

"El despacho encuentra probado...que valiéndose del discurso ideológico de las autodefensas (o paramilitares), que consiste en acabar con todas aquellas personas pertenecientes a grupos guerrilleros, el aquí acusado (Blanco Maya) aprovechó la cercanía que tenía con los comandantes de las autodefensas... para solicitarles le ayudaran a erradicar el *problema de raíz*, expresión que no puede traducirse en algo distinto a eliminar al presidente (Locardno) y vicepresidente (Orcasita) del sindicato, toda vez que esto se había convertido en sus mayores opositores", dijo el juez en su decisión fechada el 25 de enero pasado.

Dora Lucy Arias, abogada del no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y quien representó en el caso a las familias de las víctimas y al sindicato Sintramienergética, de los trabajadores de la Drummond, recordó en entrevista telefónica que aún faltan muchas acciones judiciales que van desde el reconocimiento del Estado de que hay una "persecución sistemática" contra sindicalistas, y que debe ofrecerse garantía de no repetición de esos actos, tanto como reparar a las víctimas que fueron falsamente presentadas inicialmente como simpatizantes de la guerrilla.

El abogado de Blanco, Hernando Bocanegra, no respondió de inmediato varios llamados telefónicos de la AP para conocer su reacción por la sentencia.

La sentencia del tribunal de Castiblanco puede ser apelada por las partes.