Uno de los campesinos acusado por la fiscalía por su presunta responsabilidad en la muerte de 11 labriegos y 6 policías en el desalojo de una finca en junio, recibió protección de un país de la región, según informó el jueves su madre.

No ha habido una reacción o versión oficial inmediata sobre lo aseverado por María Estela Medina, residente en la colonia Brítez Cué, a unos diez kilómetros de la reserva forestal Marina Cué, en las afueras de Curuguaty en donde se produjo la balacera.

"Está protegido por un país extranjero", dijo la mujer sin dar el nombre del hijo, que se encuentra prófugo. Se trataría de uno de los 54 campesinos a quienes la fiscalía los responsabiliza de la matanza, ocurrida cuando unos cien labriegos fueron desalojados de una finca que habían invadido, propiedad del Estado pero reclamada como suya por el ex senador Blas Riquelme del opositor Partido Colorado, fallecido en septiembre.

"Me pone contenta que otro país tenga solidaridad con mi hijo porque en Paraguay no hay seguridad ni garantías. Mis hijos (Brígida Garcete Medina y Osmar Garcete Medina) no tuvieron participación en la muerte de los policías pero la fiscalía los acusó de todos modos", expresó en guaraní, durante una entrevista para el documental de 30 minutos difundido por la televisión pública paraguaya.

Una copia del documental fue entregado a la AP.

Medina no identificó quién de sus dos hijos recibió la protección política, ni tampoco quiso especificar si estaba dentro de alguna embajada o ya fuera del país. Sin embargo, en la prensa se hace notar que Curuguaty está a solo a 90 kilómetros de la fronteriza Guaira, ciudad de Mato Grosso do Sul, Brasil.

Mariano Castro, presidente de la Coordinadora de Familias de Víctimas de Marina Cué, dijo el jueves a The Associated Press que "los refugios políticos tienen carácter reservado".

"Aunque yo conozca la información, no puedo brindar datos", acotó.

Castro perdió en el enfrentamiento armado a su hijo Adolfo de 28 años y otros dos, Adalberto de 24 y Néstor de 30 años, están recluidos en cárceles públicas esperando la audiencia preliminar de pruebas prevista para el 14 de febrero en el palacio de Justicia de ciudad Coronel Oviedo, a unos 200 kilómetros de Curuguaty.

En la audiencia, el juez de garantías José Benítez evaluará las pruebas a ser presentadas por el fiscal investigador Jalil Rachid, quien acusó a 14 de los 54 campesinos involucrados en los hechos de los presuntos delitos y crímenes de tentativa de homicidio doloso contra seis policías, asociación criminal, invasión de propiedad privada, y resistencia a la autoridad, entre otros.

El abogado de los campesinos, Vicente Morales, explicó a la AP que "eventualmente si el juez Benítez acepta las pruebas, el caso irá a juicio oral y público. Esperamos que el magistrado tome una decisión justa en cada una de las acusaciones".

Morales recordó que con relación a la acusación de homicidio doloso, "el fiscal Rachid no presentó pruebas de quien mató a quien ni qué armas se usaron supuestamente contra los policías".

"Obtuvo el testimonio de 84 agentes que participaron de los hechos pero ninguno identificó a los presuntos agresores", añadió.

El mismo fiscal en conferencia de prensa admitió que no pudo precisar con nombre y apellido a los que habrían disparado contra los agentes pero especificó que, de todos modos, los acusó de tentativa de homicidio doloso porque "emboscaron a los policías el 15 de junio".

Rachid, hijo de un ex jerarca del partido Colorado y amigo del aparente dueño de las tierras invadidas, afirmó que según datos de balística cinco de los seis policías fallecieron por impactos de escopetas calibres 12 y 28; mientras que uno perdió la vida por un proyectil calibre 38. Aseguró que los 11 campesinos murieron baleados por los policías quienes "sólo se defendieron usando sus armas reglamentarias" sin dar detalles de las armas ni de los proyectiles utilizados.