Un segundo campesino encarcelado por su presunta responsabilidad en una balacera en junio en una finca que terminó con once labriegos y seis policías muertos inició el miércoles una huelga de hambre por tiempo indeterminado en demanda de su libertad por considerar que fue imputado sin pruebas.

"Mi cliente Néstor Castro, recluido en la penitenciaría educativa Esperanza, de Asunción, comenzó a ayunar acompañando a Rubén Villalba quien lleva cinco días de huelga de hambre pero en la cárcel Tacumbú, vecina de Esperanza", dijo el abogado Vicente Morales en entrevista con The Associated Press.

El letrado confirmó que ambos trabajadores rurales junto con otros doce -cuatro con prisión domiciliaria y ocho en la cárcel de la ciudad Coronel Oviedo- deben presentarse el 14 de febrero ante el juzgado de garantías de Coronel Oviedo.

"En la audiencia, el juez José Benítez evaluará las acusaciones del fiscal Jalil Rachid contra mis clientes por cometer los supuestos delitos y crímenes de tentativa de homicidio doloso contra los policías fallecidos, asociación criminal, invasión de propiedad privada y resistencia a la autoridad, entre otros", acotó el profesional.

Morales comentó que "esperamos que el juez Benítez rechace las acusaciones de asociación criminal y de tentativa de homicidio doloso porque Rachid no consiguió pruebas de que mis clientes dispararon contra los agentes".

El mismo Rachid reconoció en conferencia de prensa que no pudo determinar quién mató a quién ni identificar a quienes presuntamente portaban armas de fuego el 15 de junio durante la tragedia en el interior de la reserva forestal Marina Cué, de Curuguaty, a unos 320 kilómetros al noreste de Asunción.

Unos cien campesinos habían ocupado el terreno de 2.000 hectáreas propiedad del Estado pero reivindicado como suyo por el ex senador Blas Riquelme del opositor Partido Colorado. Riquelme murió en septiembre a los 82 años, de un paro cardiaco.

Morales explicó a la AP que el fiscal "fundamentó sus acusaciones de tentativa de homicidio doloso y asociación criminal en el testimonio de 84 policías, integrantes de los pelotones que participaron de la balacera. Pero ninguno de esos agentes pudo precisar quién mató a quien".

Mariano Castro, padre de quien comenzó su ayuno voluntario, manifestó a la AP que su hijo "fue herido en la boca el 15 de junio con una bala de la policía pero recién el 23 de noviembre fue operado en un hospital público en donde le implantaron una prótesis de maxilar inferior para que pudiese comer alimentos sólidos".

El fiscal afirmó en conferencia de prensa que según datos de balística cinco de los seis policías fallecieron por impactos de escopetas calibres 12 y 28; mientras que uno perdió la vida por un proyectil calibre 38. Aseguró que los 11 campesinos murieron baleados por los policías quienes "sólo se defendieron usando sus armas reglamentarias" sin dar detalles de las armas ni de los proyectiles utilizados.

Mientras se espera la audiencia, en otro juzgado de Curuguaty sigue sin resolverse el pedido del Estado presentado durante el gobierno del presidente Fernando Lugo (2008-2012), para que las 2.000 hectáreas fuesen destinadas legalmente a la reforma agraria.

La solicitud estatal colisionó con la de Riquelme, quien estando aún con vida aún había reclamado la titulación de las tierras en base a una ocupación laboral de más de veinte años llamada usucapión.

La propiedad en el siglo XIX fue vendida por el Estado a un consorcio de empresas agrícola-forestales de Argentina y Paraguay para la explotación comercial de la yerba mate. En 1967, el consorcio donó el terreno al Estado para la construcción de un cuartel de la Armada pero los sucesivos gobiernos, por razones desconocidas, no hicieron los trámites de aceptación del obsequio por lo que Riquelme lo ocupó.