Santa Tecla se incorporó el martes a la segunda fase de la tregua entre las maras en El Salvador, donde los pandilleros trabajarán para convertir a la próspera ciudad en un "municipio libre de violencia", pero no se comprometieron a terminar con las extorsiones.

"Nos hemos comprometido con este proceso, nosotros estamos poniendo nuestra parte, solo falta la respuesta de la sociedad, del gobierno" para reinsertarse, trabajar y producir, dijo a la AP el líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), Daniel Ramos.

Las pandillas también han ofrecido una segunda entrega de armas, las que luego serán destruidas con la supervisión de la Organización de Estados Americanos.

Pero Ramos fu enfático al afirmar que "no tenemos ningún acuerdo en cuanto a las extorsiones y la renta".

"Nosotros no nos vamos a comprometer nunca a que eso no suceda, pero estamos dispuestos empezar a dialogar lo que sea", respondió el pandillero de 33 años, al que se le podía observar en sus brazos los tatuajes de la Mara Salvatrucha.

"Mientras no tengamos fuentes de trabajo, no tengamos ingresos legales", continuarán con las extorsiones "ya que es el único medio que tenemos para mantener a nuestras familias", explicó.

"Las extorsiones, la renta, son temas pendientes para hablar con los mediadores, con el gobierno", agregó.

Danny como pide que le llamen, encabezó la delegación de la MS-13 en la colonia San José El Pino, de Santa Tecla, al oeste de la capital, reiteró que "somos gente de palabra" y han cumplido con la primera parte de la tregua al dejar se matarse con las pandillas rivales, reduciendo significativamente los homicidios.

Cuando se registraban al menos 14 muertes violentas al día, los líderes de las pandillas MS13 y Barrio 18, acordaron en la primera semana de marzo de 2012, una tregua para bajar la cifra de muertes violentas que a la fecha llega a 6,5 homicidios.

La tregua entre las maras o pandillas, se alcanzó con la intermediación del obispo castrense y policial, monseñor Fabio Colindres y del ex guerrillero Raúl Mijango, en representación de la sociedad civil.

Algunos sostienen que las pandillas han seguido operando, siguen las muertes, y la violencia sigue galopando en el país y que aumentó la cifra de desaparecidos.

Pero el Ministerio de Justicia ha negado esa afirmación diciendo que sus cifras de desaparecidos se basan en casos investigados.

El profesor Max Manwaring, del Instituto de Estudios Estratégicos de la universidad US War Army, en Pensilvania, dijo recientemente a The Associated Press que "la tregua es una verdadera farsa. Creo que las pandillas tienen todo el control y han venido operando fuera de las cárceles por años. Estas cárceles se han vuelto en universidades para los pandilleros por años y el gobierno, simplemente, se agarra de dónde puede. Todavía no tienen manera de controlar la mayor parte del territorio del país".

Con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad Pública, general David Munguía Payés, el representante permanente de la OEA en El Salvador, Carlos Orozco; el alcalde de Santa tecla, Oscar Ortíz, los mediadores y representantes de las iglesias cristianas y evangélicas, se firmó el jueves el "Pacto por la Vida y la Paz de Santa Tecla".

Al firmar el documento, el líder de la pandilla pidió a la sociedad en general que "dejen de discriminarnos y mejor sumen al proyecto para bien del país".

Por su parte el general Munguía Payés recordó que cuando asumió el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública, "dije que El Salvador había perdido la fe y prometí bajar los homicidios en un 30%".

"Hoy no somos el mismo país que hace 14 meses, este proceso nos ha dado la oportunidad de salvar la vida de más de 2.500 salvadoreños", afirmó.

Dirigiéndose a los pandilleros presentes, el militar dijo "nos los acosamos por ser pandillas, el problema es la participación en crímenes" y les advirtió que, "vamos a perseguir, no vamos a renunciar a eso".

Agregó que el compromiso del gobierno es generar oportunidades para la reinserción de estos jóvenes e invitó a los empresarios a invertir para crear fuentes de trabajo.

Alcaldes involucrados en el proceso de reinserción de los jóvenes en riesgo (pandilleros), dijeron que los mediadores y el gobierno han prometido gestionar recursos por 72 millones de dólares para los 18 municipios que están involucrados en este proceso de paz.

Ilopango, en la periferia este de la capital, fue el primer municipio declarado libre de violencia en El Salvador, donde los pandilleros dijeron públicamente que dejarán de cometer delitos e incorporarse a programas productivos de lo localidad.

Los mediadores anunciaron que la próxima semana se proclamará a Sonsonate, al occidente del país, como otro municipio "libre de Violencia" y el 31 será Quezaltepeque, al noreste de San Salvador.