El ministro español de Hacienda Cristóbal Montoro evitó revelar el miércoles si el ex tesorero del gobernante Partido Popular sacudido por un escándalo de corrupción se acogió a una amnistía fiscal para regularizar los 29 millones de dólares que ocultaba en una cuenta en Suiza.

Montoro señaló en el Parlamento que el nombre de Luis Bárcenas no figura en la lista de personas que se beneficiaron de esta medida extraordinaria, aprobada por el gobierno conservador el año pasado para repatriar dinero a España en un momento de fuerte crisis económica.

No obstante, no se descarta que Bárcenas, tesorero y gerente del Partido Popular durante 20 años pudiera haberse acogido a la amnistía a través de una sociedad.

El ministro dijo desconocerlo, pero aseguró que suponiendo que lo hubiera hecho, Bárcenas podrá seguir siendo investigado, juzgado y en su caso condenado si se prueba el origen ilícito del dinero.

El caso del ex tesorero del Partido Popular ha provocado un terremoto político en España. Algunos reportes aseguran que durante su gestión, miembros del partido cobraron sobresueldos en dinero negro.

Montoro eludió las constantes preguntas de la oposición sobre estos sobresueldos, que el partido niega tajantemente.

La amnistía fiscal fue una medida de gracia para hacer aflorar dinero no declarado y lograr ingresos extraordinarios para las maltrechas arcas públicas. La regularización, que estuvo en vigor entre junio y noviembre del año pasado, puso nuevamente en circulación casi 40.000 millones de euros (53.300 millones de dólares) en la economía española, lo que representa un 4% del Producto Interno Bruto anual del país.

Sin embargo, de toda esa cantidad, la tesorería del Estado sólo recaudó 1.200 millones de euros (1.599 millones de dólares) en impuestos, por debajo del objetivo del gobierno de 2.500 millones de euros (3.332 millones de dólares).

La medida fue muy criticada por algunos grupos, que la consideran una ayuda a los evasores fiscales en un momento en que los españoles sufrieron recortes salariales y de servicios por la crisis económica del país.

Políticos de la oposición señalaron que la cifra que se conoció el miércoles significa que la tasa fiscal pagada por los que se acogieron a la amnistía fue de 3% y no de 10% como originalmente anunció el gobierno.