Organizaciones feministas de Bolivia han pedido al fiscal general procesar a un legislador oficialista acusado de violación a una empleada de limpieza tras enterarse que el sospechoso será juzgado sólo por uso de bienes públicos en un escándalo que sacude al gobierno de Evo Morales.

"Ver el caso desde el hecho delictivo resulta insuficiente. El gobierno ha roto el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley creando ciudadanos de primera y de segunda", comentó a la AP el ex defensor del Pueblo y profesor universitario Waldo Albarracín.

El gobierno se ha mostrado firme para enjuiciar aprovechando su influencia en la justicia, pero no siempre actúa igual con sus militantes que ven implicados en casos legales, según Albarracín.

En el presente caso, Morales condenó a sus partidarios de la Asamblea de Chuquisaca pero rechazó que grupos opositores quieran estigmatizar a su partido.

"Estamos demandando a la Fiscalía que investigue todos los hechos y si fuera necesario nos constituiremos en denunciantes de una violación", dijo a la AP la coordinadora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Patricia Brañez. El pedido lleva la firma de varias organizaciones feministas.

El fiscal del caso Fernando Pacheco dijo que el sospechoso será procesado por "uso indebido de bienes públicos" y no por violación al no haber una denuncia de la supuesta víctima.

El caso desató una ola de condenas después de que varias televisoras difundieran un vídeo que nuestra al legislador Domingo Alcibia, del partido de Morales, someter sexualmente a la empleada de limpieza, ambos ebrios, en la sala de sesiones el 20 de diciembre después de un almuerzo entre asambleístas que derivó en parranda.

Las imágenes fueron grabadas por cámaras de seguridad del Legislativo y también se observa al asambleísta Javier Humana, oficialista, acosar y manosear a otra funcionaria de bajo rango. Ambos fueron detenidos entre el lunes y martes y serán enviados a la cárcel a la espera de un juicio.

Alcibia declaró a una emisora que no recordaba nada debido a su borrachera pero dijo que no hubo violación dando a entender que se trató de un acto concertado. Humana reconoció el manoseo y dijo que pidió disculpas a la afectada.

Las dos mujeres, cuyas identidades no fueron reveladas, ya no trabajan en la Asamblea al haber finalizado su contrato, según autoridades de ese órgano y desaparecieron de Sucre, 420 kilómetros al sureste de La Paz donde ocurrieron los hechos.

Más allá de las connotaciones legales el caso atizó un debate recurrente en el país.

La líder feminista María Galindo lo graficó mejor: "¿Cómo nos podemos explicar que un hombre de origen campesino indígena que está disfrutando el arribo de un proceso que lo convierte de siervo en legislador agarre a una mujer de su mismo origen y estando ella ebria, la arrastre en el piso, le baje el calzón y la viole en la sala donde se dictan las leyes para su región?, escribió en su columna periodísticas.

La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, declaró la semana pasada que sólo se puede procesar un delito de violación si la víctima presenta acusación, lo que no ocurrió hasta ahora.