El Congreso de Honduras aprobó la figura del juicio político con el fin de permitir la remoción de sus cargos de cualquier funcionario del Estado, incluido el presidente de la república.

"Es un día histórico para el Congreso Nacional. El juicio político es una herramienta que marca un antes y un después en nuestra vida constitucional. Estamos contentos porque permite enjuiciar a los altos funcionarios del Estado cuando su conducta no es acorde con los intereses nacionales y la constitución", declaró el diputado Mario López de la comisión de Estudio de la Ley y miembro del gobernante Partido Nacional.

López explicó que "en cualquier doctrina constitucional del mundo usted va a encontrar que es el Congreso el órgano encargado de investigar a los funcionarios y tomar las decisiones, porque para eso somos el órgano representativo del pueblo" y añadió que "es una medida no sometida a control jurisdiccional y es inapelable ante cualquier instancia".

Según la ley aprobada la noche del martes, cualquier funcionario público, desde un alcalde hasta un juez pasando por los jefes de las fuerzas armadas, podrá ser destituido por el Congreso Nacional por mayoría simple. Sólo para la destitución del presidente de la república se requiere del voto de las tres cuartas partes de la cámara.

López también consideró al juicio político "una herramienta que nos sirve para que Honduras no vuelva a pasar por lo que pasó en 2009. Honduras no hubiera sido sancionada por la OEA, condenada por los organismos internacionales, si hubiéramos dispuesto de esta ley".

Para el diputado "Paraguay es el ejemplo: ellos lo tenían regulado, destituyeron a su presidente y no pasó nada".

En junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado militar con el apoyo del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia en un movimiento condenado por la comunidad internacional.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación creada tras el golpe de Estado por el gobierno del presidente Porfirio Lobo recomendó en 2010 la aprobación de esta figura con el objetivo de dirimir los conflictos institucionales entre diversos poderes del Estado.

"No obstante", añadió López "ahora para que la medida sea efectiva en su totalidad, las reformas constitucionales deben aprobarse por dos tercios en una legislatura y ratificarse en otra legislatura y nos faltan los aspectos de reglamento para debatir en otra ley que desarrolle lo aprobado ayer".

El mandato de cuatro años de los diputados hondureños se divide en cuatro legislaturas. Este miércoles tendrá lugar la última sesión de la tercera legislatura y el viernes 25 comenzará la cuarta y última legislatura del mandato actual, que terminará en enero de 2014 cuando tome posesión el Congreso que salga elegido en los comicios de noviembre.

En diciembre el Congreso de Honduras destituyó a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia por emitir resoluciones contrarias al gobierno en una medida calificada por la mayoría de analistas de ilegal y que vulnera la separación de poderes y el estado de derecho.

Desde entonces, Honduras se encuentra sumida en la crisis política más grave desde el golpe de Estado de 2009.