El caso contra los más altos militares acusados en el gobierno anterior de vínculos con el narcotráfico en México ha desatado dudas, luego de que se divulgara una supuesta admisión de la autoridad federal de que hasta ahora no ha comprobado acusaciones por narcotráfico que testigos protegidos hicieron contra el ex número dos del ejército.

El abogado del general retirado Tomás Angeles Dauahare, Ricardo Sánchez Reyes, confirmó el martes a The Associated Press que un oficio de la Procuraduría General de la República con el reconocimiento de la falta de pruebas fue presentado al juez del caso luego de que él solicitara a las autoridades informar si habían logrado corroborar los dichos de los testigos protegidos.

La Procuraduría declinó comentar sobre el envío del escrito, pero Sánchez señaló que el documento es una muestra de que el general fue detenido sin las mínimas pruebas.

Dauahare ocupó la segunda posición en la estructura militar como subsecretario de la Defensa Nacional hasta 2008. Fue detenido y encausado en 2012 por la acusación de los dos testigos protegidos.

Seis altos militares, incluidos cuatro generales (entre ellos Dauahare), un teniente coronel y un mayor fueron detenidos en 2012 bajo señalamientos de proteger al cartel de los Beltrán Leyva.

Ellos se convirtieron en los militares de más alto rango acusados bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) de tener nexos con un cartel del narcotráfico.

Aunque el reconocimiento de la Procuraduría sólo se refiere al general Dauahare, podría beneficiar a los otros cinco altos militares que también fueron acusados de los mismos cargos por los testigos protegidos.

Para expertos, el asunto también es una muestra de que la justicia en México aún carece de mecanismos para garantizar procesos adecuados a las personas.