El Congreso de Honduras aprobó la noche del jueves un polémico decreto propuesto por el gobierno del presidente Porfirio Lobo para suspender por 60 días las exoneraciones y beneficios fiscales otorgados por la secretaría de finanzas a decenas de empresas, personas y organizaciones no gubernamentales en una ofensiva por aumentar y ordenar la base impositiva de un país en emergencia fiscal.

Con la vigencia de esas exoneraciones el estado dejaría de recibir hasta 2.000 millones de dólares al año en impuestos.

Lobo declaró que "la propuesta del gobierno no es quitarle a nadie la exoneración sino que se suspendan por un período y que una comisión formada por la sociedad civil más el poder ejecutivo y el poder legislativo revise cada una de las exoneraciones que el estado otorga y que en el marco de sesenta días le hagan una propuesta al Congreso de la Ley marco de las exoneraciones. Sólo deben preocuparse aquellos que están siendo exonerados y que no generen un beneficio para el pueblo hondureño". El decreto considera la creación de una comisión que revise las exoneraciones.

"Quisimos establecer quienes eran, cuánto dinero era y porqué y con la información disponible no ha sido posible por eso hemos decidido suspenderlo todo, que cada uno que las recibe se presente y defienda el beneficio que le está otorgando al pueblo", agregó el gobernante. Cuantificó que las cifras que el estado deja de percibir en impuestos debido a las exoneraciones "son impresionantes. Se habla de entre 10.000 y 40.000 millones de lempiras (entre 500 y 2.000 millones de dólares). Nadie tiene una cifra exacta"

Uno de los problemas con los que se encuentra el gobierno a la hora de definir sus presupuestos generales de estado, a debate actualmente, y ordenar su base fiscal es que no puede determinar qué tipo de sociedades y actividades económicas pagan impuestos y cuantos impuestos pagan en un país en el que la media de evasión fiscal ronda el 43%, según Mario López Steiner, Director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.

Honduras se encuentra en una crisis fiscal sin precedentes.

Mauricio Díaz, coordinador de la ONG Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOSDEH, cree que Honduras está "en un estado de emergencia fiscal" porque "todos los años el presupuesto sufre ampliaciones presupuestario de entre el 8 y el diez por ciento, Alrededor de 20.000 millones de lempiras (unos 1.000 millones de dólares) para el 2012" y que "La administración actual es la que tiene mayor nivel de endeudamiento interno histórico que ha habido en el país" con una tasa de déficit de fiscal del 6% que duplica la de países vecinos como Guatemala o El Salvador.

La Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, Doris Madrid explicó que el código tributario hondureño "no exime al tributador de presentar sus declaraciones de sacrificio fiscal a efectos de información aunque no sea para su pago por encontrarse exento. Esa información debe existir".

Entre las empresas que se benefician de dichos beneficios fiscales se encuentran los generadores de energía térmica, las importaciones de maquinaria y recambios para vehículos, el papel para la prensa, el turismo y los restaurantes de comida rápida.

El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández puso como ejemplo que en el marco de las exoneraciones "se importa papel para imprimir revistas pornográficas y hay que poner orden ahí porque eso no es justo" y el vicepresidente Marvin Ponce acusó al grupo empresarial INTUR de "meter un avión jet en el país", algo que el grupo negó a través de su apoderado legal.

Ponce también explicó que hay ONG "que meten electrodomésticos como donaciones para los pobres y luego los venden".

El Decreto explica que "las exoneraciones y beneficios fiscales se aprobaron con el propósito de incentivar y fortalecer el desarrollo económico" pero "han sido objeto de abuso y muchas no han cumplido con la finalidad para la que fueron otorgadas por lo que se hace necesario adoptar medidas reguladoras" porque el estado se encuentra ante "la necesidad de adoptar medidas extraordinarias de carácter fiscal".

José Martín Chica, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Industrias (ANADI) cree que la decisión del Congreso pone nervioso al inversionista y eso es lo último que le conviene al país en este momento porque afecta directamente a la capacidad de crecimiento económico. "No pueden quitarse incentivos económicos a quienes producen en este país, intranquiliza mucho, Esta decisión suspende la inversión durante los próximos meses".

El presidente de la bancada liberal en el Congreso, Yani Rosenthal coincide con Chica y teme "que la decisión provoque una fuga de inversiones en el país".

Carlos Montes, subsecretario de trabajo advirtió de que la industria no debe aprovechar esta situación para realizar un despido masivo de trabajadores pero el decreto exime de ser evaluada por la Comisión de revisión de los beneficios fiscales a la gran industria ya que las industrias que generan más de 100.000 empleos quedarán exentas de ser revisadas por la comisión.