El gobierno español constituyó el jueves un nuevo fondo de viviendas sociales, que ofertará 6.000 pisos en alquiler a precios muy bajos a personas que perdieron sus casas por desahucios hipotecarios desde el 2008.

El fondo nació con la firma de un convenio entre el gobierno y la banca, que aportó los inmuebles. El plan fue parte de los compromisos adoptados hace unos meses por las autoridades para frenar la ola de desahucios por impagos hipotecarios que está sacudiendo el país.

La medida está limitada a colectivos de especial vulnerabilidad, que podrán acceder a un alquiler de entre 150 y 400 euros (200 y 534 dólares) mensuales durante dos años prorrogables, con un límite máximo del 30% de la renta neta de la familia.

El precio medio de un alquiler en España varía desde los 1.600 dólares de Madrid, pasando por los 1.200 de Barcelona, los 840 de Valencia o los más económicos de entre 400 y 500 dólares en pequeños municipios.

Los beneficiarios serán familias desahuciadas a partir del 1 de enero del 2008 con tres o más hijos al cargo o hijos menores de tres años o con un miembro discapacitado; así como padres o madres solteros con dos hijos. También tendrán derecho al alquiler víctimas de violencia familiar.

Además, los ingresos mensuales de la familia deberán ser inferiores a 1.597 euros (2.133 dólares) o que la cuota hipotecaria supere la mitad de sus ganancias.

En un emocionado discurso, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo que este fondo supondrá una segunda oportunidad para miles de personas que han visto sus vidas destruidas por la crisis económica.

En noviembre, el gobierno suspendió durante dos años los desahucios por impagos hipotecarios a familias con ingresos anuales de menos de 14.400 euros (18.400 dólares) después de impuestos y personas sin prestación por desempleo.

El drama de los desalojos es una consecuencia directa del altísimo desempleo del 25% y el colapso inmobiliario.

La ley actual es muy rígida. Las personas que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca son desalojadas por orden judicial, pierden el dinero invertido y la casa y teóricamente deben satisfacer la deuda pendiente con el banco.

Más de 350.000 personas --muchas de ellas inmigrantes-- han perdido su vivienda y los ingresos de media vida desde el comienzo de la crisis en 2008, según cálculos judiciales.