La Cancillería informó el jueves que designó al abogado Carlos Gustavo Arrieta como el agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia para hacer frente a la demanda interpuesta por Ecuador contra las fumigaciones aéreas colombianas sobre cultivos de coca y que los ecuatorianos consideran causaron daños a sus poblaciones fronterizas.

"El nuevo agente suma una importante trayectoria de práctica profesional en jurisprudencia así como de servicio al país desde los cargos de Procurador General de la Nación y Embajador de Colombia ante La Haya", dijo el Ministerio de Exteriores en un comunicado de prensa

Según la Cancillería, para el mismo caso de Ecuador fue nombrado como co-agente Juan José Quintana, funcionario de carrera diplomática, y quien se ha desempeñado como Asesor Jurídico de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas. Y agregó que Quintana "participó en la fase jurisdiccional de la defensa de Colombia ante la Corte de La Haya".

Ecuador presentó la demanda en contra de Colombia en 2009.

En su momento, la ex canciller ecuatoriana María Isabel Salvador sostuvo que Ecuador esperaba que la CIJ declarara que Colombia ha violado la soberanía y los principios del derecho internacional, y que ordene al gobierno de Bogotá "terminar inmediata y definitivamente todas las aspersiones aéreas dentro de 10 kilómetros de la frontera con Ecuador" y disponga "reparar a Ecuador por los daños causados a la población y medio ambiente del Ecuador" por más de siete años.

El gobierno colombiano ha negado que el glifosato tenga efectos perjudiciales y defendió la necesidad de las aspersiones encaminadas a erradicar los cultivos de coca para eliminar las fuentes de financiamiento de las guerrillas.

La de Ecuador es una demanda más que Colombia debe enfrentar ante la CIJ.

En un fallo inapelable, la CIJ ratificó el 19 de noviembre pasado la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre sus siete cayos deshabitados que eran reclamados por Nicaragua en un pleito que inició el gobierno de Managua ante ese tribunal internacional en 2001.

Pero en su decisión la CIJ redujo el territorio marítimo colombiano al ceder una mayor porción a Nicaragua, con lo que al menos dos de los cayos colombianos -Quitasueño y Serrana- quedaron rodeados de las ahora aguas nicaragüenses.