Responsables de la Asociación de Municipios de Honduras calificaron el jueves de "colapso total" su situación financiera y acusaron al gobierno de no cumplir con las transferencias obligadas por la ley para la financiación de los entes locales durante el año 2012.

Sigfrida Bustillo, alcadesa de Duyure --110 kilómetros al sur de Tegucigalpa-- y vicepresidente de la Asociación de Municipios de Honduras dijo que "no se ha podido cumplir en 2012 con el 9% de aportación estatal a los municipios de Honduras. Apelamos a la conciencia de los ministros. Estamos en emergencia, a punto de cerrar las alcaldías. Los ingresos son muy pocos. Sobrevivimos de lo poco que los contribuyentes pagan, necesitamos las transferencias del Estado. A todos nos han atrasado las transferencias seamos del partido que seamos".

Bustillo explicó que "hay alcaldías que están con préstamos, endeudadas, que según reciben cualquier transferencia son embargadas por los bancos. La incertidumbre es total".

El Estado central está obligado por ley a transferir a las municipalidades 9% de sus ingresos fiscales brutos. Pero en 2012 no cumplió con esta obligación y mantiene una deuda con los municipios de 2.700 millones de lempiras, unos 130 millones de dólares según el Ministerio de Interior.

Wilson Núñez, director general de Fortalecimiento Local de ese ministerio, respondió que "como responsables de calcular las transferencias también estamos preocupados. El gobierno no está preparado para hacer frente a estos valores. El gobierno no se percató de que no tenía la capacidad para hacer frente a sus obligaciones. No tenemos los recursos para transferir los 2700 millones de lempiras que se les adeudan a los 298 municipios. Estamos buscando la manera de pagarles".

José Antonio Urrutia, alcalde de Danlí, 105 kilómetros al este de la capital, indicó que "hay alcaldías que tienen retrasos en los pagos de salarios de hasta 6 meses. Los municipios tienen muchos problemas por la falta de transferencias del Estado. Hay gasolineras que están quebrando porque los municipios no les pagan y los municipios dejan de cobrar los impuestos que se les adeudan. Otros alcaldes que no pueden pasar por ciertas calles de sus municipios porque no les han pagado a los comercios".

Por su parte, Francisco Gaitán, alcalde de Cantarranas, 45 kilómetros al norte de Tegucigalpa, sostuvo que "la situación de los municipios es de calamidad. La patrulla de la policía no se mueve si no le damos los repuestos o la gasolina, los centros de salud no tienen enfermeras si no las pagamos los municipios, las carreteras no se pueden reparar, le damos mantenimiento al tendido eléctrico. Tenemos paralizada la traída de agua al centro urbano".

La situación financiera de Honduras es preocupante. El gobierno tuvo que pedir un préstamo de 200 millones dólares al Banco Central en diciembre para honrar los pagos de salarios a los funcionarios públicos y el mismo mes el Congreso devolvió el presupuesto general, que aún no se han aprobado para 2013, al Poder Ejecutivo.

Según Mauricio Díaz, presidente del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, "estamos en un estado de emergencia fiscal" y "es la falta de aplicación de la normativa jurídica que no permite que se haga el gasto sin el recurso correspondiente".

Para Díaz, "el verdadero problema presupuestario del país es la impunidad de los funcionarios que diseñan el gasto, las licitaciones, precios que no corresponden al mercado, y presupuestos que crecen sin control. En el 2011 hubo más de 200 ampliaciones al presupuesto". Explicó que cada año el presupuesto sufre ampliaciones de entre el 8% y 10%.

A su vez, agregó Díaz, "la administración actual es la que tiene mayor nivel de endeudamiento interno histórico que ha habido en el país. Ese endeudamiento histórico es de difícil justificación. No sabemos exactamente la deuda interna. El Consejo Monetario Centroamericano suma una cantidad de deuda interna y externa para Honduras que asciende al 50% del PIB y supera el máximo de entre el 32% y el 35% recomendado internacionalmente".

Hugo Noe Pino, ex ministro de Finanzas, sostuvo que "hay que deducir responsabilidades. En casos como éste el ministro es despedido, luego es examinado por el Tribunal de Cuentas y luego la Fiscalía actúa. Si eso sucediese, comenzaría a solucionarse este problema".