Tras lograr cierto alivio por la suspensión de una orden judicial que la obligaba a pagar una deuda millonaria a bonistas de Estados Unidos, Argentina buscaría, según analistas, mostrar una mayor flexibilidad para acordar una salida con sus acreedores.

El 28 de diciembre Argentina debe presentar ante la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York su defensa contra la demanda de los propietarios de fondos de inversión que le exigen el pago de bonos por 1.330 millones de dólares que están en cese de pagos desde 2001, cuando el país sufrió la peor crisis económica y financiera de su historia.

El 27 de febrero las partes presentarán sus argumentos de forma oral en una audiencia fijada por el tribunal estadounidense que a fines de noviembre suspendió indefinidamente la orden del juez Thomas Griesa de pagar la totalidad de lo que se adeuda a los litigantes.

Con sus declaraciones públicas, la presidenta Cristina Fernández ha mostrado su determinación de no pagar un centavo de lo que adeuda a los demandantes. La mandataria considera a esos bonistas "fondos buitre" que hacen fortunas dañando a países emergentes y los cuestiona por no haber aceptado las reestructuraciones en 2005 y 2010 de la deuda argentina en cese de pagos. Fernández ha sostenido que su país es víctima del "colonialismo judicial".

Sin embargo, con sus últimos actos el gobierno ha dejado una puerta abierta para abonar aunque sea una parte de lo que adeuda y así llegar a una salida negociada, dijeron analistas a The Associated Press.

Si esa flexibilidad le rinde frutos, Argentina soslayaría la amenaza que pesaba en el fallo del juez Griesa de tener que pagar la totalidad de lo que debe a los litigantes, lo que implica dejar de abonar los vencimientos de los tenedores de bonos reestructurados en 2005 y 2010 y caer en un "default técnico".

El magistrado quería que Argentina pagara el 15 de diciembre el total de lo que adeuda a los "fondos buitre", pero ese día el país tenía que hacer frente a vencimientos por 3.500 millones de dólares de tenedores de bonos canjeados. Finalmente, el tribunal de alzada dictó una medida de no innovar que suspendió indefinidamente la orden de Griesa y permitió a la Argentina abonar sus compromisos.

Si el país pagara el total de la deuda a los demandantes habría problemas con los tenedores de bonos reestructurados, que podrían demandar el pago total e inmediato de más de 20.000 millones, un costo difícil para Argentina aunque cuente con reservas por 45.000 millones de dólares.

En Argentina "hay un gran abismo entre el discurso oficial y las políticas públicas... así es que no me sorprendería si Fernández dice una cosa en sus discursos y luego hace otra completamente diferente", afirmó a la AP el economista Miguel Braun, quien trabaja para la consultora Pensar.

Argentina demostró hace unas semanas que estaría dispuesta a dar a los "fondos buitre" el mismo trato que dio a los inversores que ingresaron a la última restructuración de deuda de 2010. Un 93% de bonistas aceptaron los dos canjes realizados, lo que implicó una quita más de 70% del capital original.

El gobierno ofreció esa posibilidad de reabrir el canje de deuda para los litigantes en una apelación al fallo de Griesa que presentó a fines de noviembre ante la cámara de Nueva York.

Según Mariano Lamothe, de la consultora abeceb.com, el gobierno ya no mantiene la "actitud envalentonada" que tenía hasta ahora y el 28 de diciembre posiblemente pida "más tiempo para permitir una reapertura del canje".

El argumento de los "fondos buitre" se basa en el principio "pari passu", que implica que los tenedores de bonos, hayan o no participado en las dos propuestas de reestructuración, deben recibir un trato igualitario.

Pero el gobierno "ha dicho que no puede pagar a los bonistas demandantes más que a los que aceptaron los canjes", subrayó Braun, cuya consultora apoya al PRO, uno de los principales partidos opositores a Fernández. "Esa es la postura oficial y creo que es razonable no sólo para Argentina sino para el mundo entero", sostuvo.

Si Argentina consigue que el tribunal avale la reapertura del canje para pagar a los demandantes en iguales condiciones que a los bonistas que reestructuraron sus bonos, ello implicaría que "de los 1.330 millones adeudados el gobierno estaría reconociendo unos 450 millones, lo que implica una quita del 66%", señaló por su parte Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica.

Habrá que ver si los demandantes — liderados por el fondo NML Capital Ltd del multimillonario inversor Paul Singer, identificado con la expresión "fondo buitre" desde que forzó a Perú a pagar 55 millones de dólares a partir de una inversión inicial de 11 millones — estarían dispuestos a aceptar un canje con una importante quita.

"El 93% de los bonistas aceptó las reestructuraciones de la deuda y dada la situación internacional fallar a favor de los fondos buitre y pagarles el 100 por ciento de lo que piden es irracional; se rompería cualquier posibilidad de reestructuración de la deuda, nadie emitiría un bono en la Bolsa de Nueva York", dijo Lamothe a la AP.

El economista también recordó que hay una cláusula en los contratos de esos títulos públicos "que impide que se les pueda dar mejor pago a los tenedores que no entraron en los canjes".

El 7% de los bonistas que no aceptó los canjes representan unos 11.200 millones de dólares, de los cuales 1.330 corresponden a los litigantes encabezados por el fondo NML Capital, el mismo que consiguió en el marco de sus reclamos a Argentina que un juez de Ghana ordenara la confiscación de la fragata Libertad en un puerto de ese país africano, donde permaneció hasta el 19 de diciembre.

Si el tribunal de alzada ratificara el fallo de Griesa y ordenara el pago completo a los litigantes, otros inversores que tienen más de 9.800 millones de dólares en deuda argentina en cese de pagos se opondrían a ese precedente y exigirían también su dinero de inmediato.

Castiñeira dijo que también es posible que la cámara se pronuncie a favor del pago a los "fondos buitre", aunque con un cronograma de vencimientos más racional para el país.

"Hay mucha incertidumbre... sea lo que sea lo que falle la cámara de Nueva York, cualquiera de las dos partes va a apelar y van a ir a la Corte Suprema, que tiene que decidir si acepta o no el caso", dijo Castiñeira.

Pero según el analista, la Corte Suprema "va a tener en cuenta que la situación de Argentina tiene trascendencia internacional" y fijará un precedente en el mercado de deuda.

En el caso de que la justicia estadounidense termine por fallar en contra de Argentina, no se espera un colapso macroeconómico de inmediato, señaló Castiñeira al indicar que Fernández ha logrado un importante desendeudamiento en los últimos años. Pero otros analistas advierten que quedarían aun más restringidas las posibilidades de financiación para las empresas y las inversiones internacionales disminuirían.

El área energética es donde hoy esa inversión es más necesaria y la petrolera argentina YPF, expropiada por el gobierno en abril, busca denodadamente concretar acuerdos para la explotación de un yacimiento de hidrocarburos no convencionales en la Patagonia, uno de los más importantes del mundo.

La petrolera ha conseguido en los últimos días financiación a través del lanzamiento de bonos para pequeños ahorristas con tasas de interés del 19% anual.