El gobierno de Evo Morales aprobó una ley de indulto para presos en medio de la peor crisis judicial en Bolivia, para beneficiar a unos 1.600 reos, el 12% de la población penal del país, confirmó el domingo a la AP el director del Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.

La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, elevó la norma a rango de ley el sábado en la noche, luego que Morales aprobara el jueves el decreto de indulto.

Desde el lunes una comisión judicial revisará los casos seleccionados y a mediados de enero podrían dejar la cárcel los primeros indultados, dijo Llanos.

La Constitución permite al presidente indultar con aprobación legislativa. La última vez fue hace doce años cuando entró en vigor una amplia reforma penal que sin embargo no solucionó la mora judicial y el hacinamiento en las cárceles del país.

Serán indultados reos mayores de 58 años (hombres),55 años (mujeres) y discapacitados que hayan cumplido la tercera parte de su condena. Enfermos terminales, padres o madres que vivan con sus niños en cárceles y que hayan cumplido dos quintas partes de su pena.

El perdón también será para narcotraficantes sentenciados hasta con 10 años de cárcel y condenados por delitos menores cuya pena no exceda los 8 años siempre que hayan cumplido una tercera parte de la condena.

Llanos estimó que en una primera etapa serían indultados 600 reos que tienen sentencia. Podría aumentar en 1.000 más con los detenidos preventivos (sin sentencia) que son el 84% del total de la población penal. Pero estos deben acogerse a un juicio abreviado para lograr el beneficio, es decir inculparse, explicó Llanos. El plazo para ellos vence en marzo de 2013.

Hasta el viernes pasado había 12.840 detenidos en una veintena de cárceles que sumando todas tienen capacidad para acoger a no más de 7.000 presos.

Entre 2002 y 2012 la población carcelaria se duplicó y el índice de privados de libertad en forma preventiva se elevó de 65 al 84% lo que coloca a Bolivia en situación casi similar a Haití en materia de administración judicial, según un reciente estudio de la Fundación Construir dedicada a estudios penales. La mora es el peor mal de la justicia boliviana.

El indulto coincide con un reciente escándalo que ha sacudido a la justicia tras la detención de funcionarios medios de gobierno y fiscales que extorsionaban y negociaban resoluciones judiciales a cambio de dinero, según la denuncia del Ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El caso salió a luz el mes pasado tras conocerse que "la banda" pretendió extorsionar a cambio de libertad con 50.000 dólares al estadounidense Jacob Ostreicher quien paso 18 meses en detención preventiva por sospechas de lavado de dinero sin la que fiscalía haya formulado cargos penales respaldados por evidencia.

Ostreicher salió en libertad condicional la semana pasada, llegó a Bolivia para invertir en agroindustria. Otros detenidos que se encontraban en situación similar también dejaron la cárcel.

El gobierno ha reconocido que los más castigados por el sistema judicial son quienes no tienen dinero para pagar un abogado a pesar de que una reforma aprobada por Morales dice que la justicia es gratuita.