Durante años, Sonia Limas llevaba a sus hijas a la sala de urgencias cuando enfermaban de cualquier cosa. Al ser inmigrante sin permiso de residencia, carecía de seguro de salud y el único lugar que conocía para obtener atención médica era el hospital, la opción más cara.

Las alternativas de la familia mejoraron un poco hace una década, con la expansión de las clínicas comunitarias, que ofrecían atención gratuita o asequible con ayuda del gobierno federal. Pero la reforma de salud promulgada por el presidente Barack Obama amenaza con poner fin a algunos de esos servicios si las clínicas y hospitales se saturan con nuevos pacientes asegurados y no pueden costear ya la atención para muchas familias pobres.

Desde luego, la ley impulsada por Obama nunca tuvo el objetivo de ayudar a los Limas ni a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que se encuentran sin autorización en el país. En vez de ello, la iniciativa vislumbra que 32 millones de estadounidenses carentes de seguro obtengan acceso a la cobertura de salud para 2019. Dado que ello significaría que menos pacientes sin seguro se presentarían en los hospitales, el proyecto de Obama eliminó el reembolso de los costos por atención médica carente de compensaciones.

Pero en los estados con grandes poblaciones de inmigrantes, las cuentas no ajustan, especialmente si los legisladores no expanden el Medicaid, el programa conjunto del gobierno estatal y federal para la atención médica de los pobres y los discapacitados.

Cuando la reforma se haya implementado plenamente, los inmigrantes sin permiso representarán la segunda población más grande de gente sin seguro en el país, con cerca del 25%. El único grupo mayor será el que está en condiciones de obtener el seguro pero no se inscribe en el programa, de acuerdo con un estudio realizado en 2012 por el Urban Institute, con sede en Washington.

Y dado que dos tercios de los inmigrantes no autorizados residen en tan sólo ocho estados, en esas zonas se presentará una cantidad desproporcionada de personas sin seguro a las que habrá necesidad de atender.

En las comunidades "donde el número de inmigrantes indocumentados es mayor, esta presión ha alcanzado ya su punto máximo", dijo Rich Umbdenstock, presidente de la Asociación de Hospitales de Estados Unidos, en una carta enviada el año pasado a Obama, en la que le pidió tener en mente a los hospitales que brindan ayuda no compensada a ese grupo de la población. "En respuesta, muchos hospitales han tenido que reducir los servicios, posponer su implementación o quitar camas".

El gobierno federal ha ofrecido ampliar el Medicaid, pero los estados deben decidir si aceptan el acuerdo. Y en algunos de esos ocho estados — incluidos Texas, Florida y Nueva Jersey_, los hospitales tratan de determinar si tendrán dinero para atender a las personas que permanecen sin seguro.

Sin una expansión del Medicaid, la llegada de nuevos pacientes y la posibilidad de recortes en el presupuesto federal podrían propinar un "golpe doble" en Texas, advirtió David López, director general del Harris Health System en Houston, que eroga entre 10 y 15% de su presupuesto anual de 1.200 millones de dólares en dar atención a los inmigrantes carentes de permiso.

De manera realista, los contribuyentes pagan ya parte del tratamiento dado a los inmigrantes no autorizados, porque la ley requiere que los hospitales estabilicen y atiendan a cualquier paciente que llegue a las salas de urgencias, sin importar su capacidad de pago. El dinero para cubrir los costos suele provenir de los impuestos federales, estatales y locales.

Es difícil contabilizar con precisión el dinero que se destina al tratamiento de los inmigrantes sin permiso, porque la mayoría de los hospitales no pregunta el estatus migratorio. Algunos estados han tratado de averiguarlo.

California, donde reside la mayor población de inmigrantes no autorizados en el país, erogó aproximadamente 1.200 millones de dólares el año pasado, mediante Medicaid, para atender a 822.500 inmigrantes que se encuentran sin permiso en Estados Unidos.

En 2010, la Asociación de Hospitales de Nueva Jersey estimó que el costo para atender a 550.000 inmigrantes no autorizados fue de entre 600 y 650 millones de dólares.

Y en Texas un análisis realizado en 2010 por la Comisión de Salud y Servicios Humanos determinó que la agencia había proporcionado 96 millones de dólares en prestaciones a los inmigrantes carentes de permiso, por encima de los 81 millones desembolsados dos años antes por ese concepto. Los distritos de hospitales públicos del estado gastaron 717 millones adicionales en atención no compensada para atender a esa población.

Si los estados más grandes, como Florida y Texas, cumplen su promesa de renunciar a los fondos federales para expandir el Medicaid, la decisión acentuará los efectos de la reforma de salud en esas zonas, tomando en cuenta "quién vive ahí y qué servicios pueden obtener", dijo Lisa Clemans Cope, investigadora del Urban Institute.

En busca de reducir los gastos, los hospitales cambiarían lo que constituye una urgencia o pondrían un límite al número de pacientes no asegurados a quienes atienden. Y aunque se cree que los estados con la mayor cantidad de inmigrantes carentes de autorización enfrentarán un recorte más pequeño, aun así perderán dinero.

Los impactos potenciales de una reforma son un tema candente en el Centro de Cáncer MD Anderson en Houston. Además de ofrecer su propia atención con fines caritativos, algunos oncólogos de la institución se ofrecen como voluntarios en una clínica financiada por el condado, el Hospital General Lyndon B. Johnson, que atiende principalmente a personas sin seguro.

"En cierto sentido hemos tenido el peor escenario en Texas por mucho tiempo", dijo Lewis Foxhall, vicepresidente de políticas de salud en Houston. "El gran número de gente no asegurada y la nutrida población de bajos ingresos nos generan una dificultad".

Las clínicas comunitarias son una parte clave del plan de reforma y debían quitarle algo de presión a los hospitales.

Esas clínicas recibieron 11.000 millones de dólares en nueva financiación durante cinco años, de modo que pudieran expandirse para atender la salud de un número creciente de personas no aseguradas, que de otro modo saturarían los consultorios de los médicos. Pero en el primer año, se recortaron 600 millones de dólares de la asignación habitual a los centros, con lo que muchos sólo pudieron usar el dinero para cubrir distintas lagunas, no para ampliarse.

Hay preocupaciones de que las mismas clínicas puedan verse abrumadas por pacientes recién asegurados, lo que obligaría a muchos inmigrantes no autorizados a acudir otra vez a las salas de urgencias.

Limas, de 44 años, se mudó al poblado de Álamo hace 13 años junto con su marido y tres hijas. Ahora está soltera, mantiene a su familia con su trabajo de profesora en el centro comunitario local, además de vender galletas y pasteles que prepara en su casa-remolque. Pronto espera buscar un permiso de trabajo.

Por ahora, la clínica ayuda con necesidades básicas de atención a la salud. En caso necesario, Limas regresará a la sala de urgencias, donde el personal la ayuda a llenar formularios a fin de que el gobierno pague las cuentas que le resultan inasequibles.

"Siempre me atienden", afirmó. "Aunque el servicio es lento".

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