El gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de Estados Unidos suscribieron el viernes un acuerdo para reformar el Departamento de Policía de la isla, sobre el cual pesan acusaciones de corrupción, homicidio y violaciones a los derechos civiles.

Asimismo, el acuerdo resuelve una demanda que presentaron las autoridades federales estadounidenses, después que fiscales federales emitieran un informe crítico hacia el Departamento de Policía de la isla, que con más de 17.000 agentes es la segunda fuerza de su tipo más grande en Estados Unidos.

"Los desafíos que identificamos en el informe han ocurrido durante años", dijo Thomas Pérez, fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

"La solución del problema tardará muchos años. Creo que puede lograrse, pero será una tarea difícil", agregó.

El gobernador Luis Fortuño dijo que el acuerdo reforzará la seguridad en Puerto Rico, isla de cuatro millones de habitantes que registró el año pasado la cifra sin precedente de 1.117 homicidios.

"Establecimos los pilares para un nuevo comienzo en la Policía de Puerto Rico", afirmó Fortuño. "Falta mucho por hacer, pero hemos emprendido una reforma trascendental que necesitaba desde hace décadas el Departamento de Policía", apuntó.

Fortuño afirmó que ambas partes han solicitado que un juez temporal suspenda los procedimientos hasta abril a fin de dar al próximo gobierno de la isla tiempo para evaluar y posiblemente modificar el acuerdo si lo considera necesario.

En la demanda se acusa a la Policía de discriminación, uso excesivo de la fuerza y de efectuar allanamientos y decomisos ilegales.

"Como resultado de estos actos, cientos de residentes de Puerto Rico sufren lesiones graves o fatales, están sometidos a registros traumáticos así como a decomisos de pertenencias, casas y automóviles, y se les desalienta a que participen en actos de libertad de expresión", se afirmó en la demanda.