La crisis política e institucional de Honduras se ha tomado unas vacaciones, con el poder judicial en receso hasta el 3 de enero y el ejecutivo en silencio tras su llamamiento a un diálogo nacional.

"Nos vamos de vacaciones de Navidad", dijo el vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce, a la Associated Press.

Mientras tanto, la situación sigue desarrollándose lejos de la luz pública y los medios de comunicación, aunque con la participación de la embajada de Venezuela.

La crisis se desató hace semanas, al denunciar el presidente Porfirio Lobo un complot para derrocarlo, al tiempo que el Congreso destituía a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

"El pleno de la Corte Suprema de Justicia se suspendió en dos ocasiones la semana pasada por falta de quórum", dijo el domingo el magistrado Antonio Henríquez en una entrevista en el canal 3 de la televisión, antes de pedirle "a la comunidad internacional a través de sus embajadas en el país que se reúnan con el pleno de la Corte para conocer de primera mano lo que ha sucedido".

Henríquez explicó que "yo no voy a acudir a ningún pleno donde haya magistrados electos al margen de la ley", en alusión a los cuatro magistrados nombrados por el Congreso el miércoles a las cinco de la mañana en sustitución de los destituidos y describiendo una situación de parálisis institucional de difícil resolución.

"Mientras no sean restituidos nuestros compañeros, nadie se va a reunir con los usurpadores", agregó Henríquez, que también calificó el comportamiento del presidente y el Congreso como "una violación del concepto republicano de separación de poderes".

El origen de la crisis institucional en la que el país se encuentra inmerso radica, según Lobo, en que un grupo de empresarios liderado por el magnate de la comunicación Jorge Canahuati se ha coludido con un grupo de magistrados de la Corte Suprema para detener el proceso de depuración de la policía hondureña, una de las más corruptas del mundo, impulsado por el presidente.

Lobo ha acusado en público a empresarios y magistrados de estar "del lado de los criminales", y ha prometido hacer todo lo que esté en su mano para continuar con su plan.

Mientras tanto, los magistrados afirman que no están en contra del proceso de depuración sino "a favor de que se respete el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y a ser oído en audiencia de los agentes", según Antonio Henríquez.

Los agentes son obligados a someterse a una serie de pruebas de confianza entre las que se incluye el polígrafo.

El proceso de depuración policial, vigente desde mayo hasta noviembre no ha sido muy efectivo. Sólo 33 agentes de un total de 14.500 han sido separados del cuerpo por no superar las prueba del polígrafo y toxicológicas al descubrirse su consumo de drogas según las cifras proporcionadas por la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial y la Secretaría de seguridad.

Lobo convocó a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y al Fiscal General del Estado el viernes a un diálogo nacional del que no ha transcendido nada. El mismo viernes por la tarde, el cónsul general de Venezuela en Tegucigalpa, Ariel Vargas, también participó en el proceso de diálogo en la casa del presidente, pero no hizo declaraciones.