La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visita Colombia se dividió hoy en tres grupos para conocer de primera mano la situación en regiones afectadas por el conflicto armado interno y sus secuelas.

Así lo informó a Efe una portavoz de este grupo, formado por cinco de los siete juristas comisarios del organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Una de las subdelegaciones partió hacia Popayán, la capital del convulso departamento del Cauca, donde tienen previsto conversar con autoridades locales y de la sociedad civil.

Esta región, ubicada en el suroeste del país y poblada principalmente por campesinos e indígenas, ha sufrido durante el último año fuertes combates entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las fuerzas de seguridad del Estado.

Incluso, en julio la etnia indígena nasa se declaró en resistencia pacífica y reivindicó su derecho a expulsar a los llamados actores del conflicto de sus territorios para hacerse respetar y mejorar su calidad de vida, algo en lo que todavía trabaja con el Gobierno.

Otro grupo, según la misma fuente, viajó hacia el deprimido departamento del Chocó, ubicado en el Pacífico colombiano y con presencia de guerrilla y bandas narcotraficantes de origen paramilitar, y a la ciudad de Medellín, donde se ha recrudecido la violencia por cuenta de esos grupos neoparamilitares.

La tercera misión, liderada por el presidente de la CIDH, José Jesús Orozco, se quedó en Bogotá para mantener entrevistas con representantes del Estado y de la sociedad, así como para conocer las garantías de derechos humanos en las cárceles.

"Tenemos una relatoría sobre los derechos de las personas privadas de su libertad y vamos a verificar esa situación en la cárcel Modelo de Bogotá", indicó la fuente en alusión a un centro penitenciario donde se han denunciado altos índices de superpoblación, déficit de higiene y de salubridad.

A primera hora de la mañana, Orozco se reunió con el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, encargado de velar por el correcto funcionamiento de los organismos públicos e imponer sanciones a quienes incumplan las normas.

Entre las reuniones de la jornada, la subdelegación tiene previsto reunirse con magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, con organismos defensores de la libertad de expresión y con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

La delegación reservará sus opiniones hasta el viernes, cuando ofrecerá una rueda de prensa, remarcó la fuente.

En su única declaración en Colombia, Orozco se manifestó ayer preocupado a su salida del Congreso por la reforma del fuero militar, que está a un debate de ser aprobada, por la posibilidad de que de pie a dejar en la impunidad las violaciones de los derechos humanos que cometan en su ejercicio los uniformados colombianos.