El ministro brasileño de Justicia, José Eduardo Cardozo, negó hoy que la red de corrupción desmantelada hace una semana en una operación que le costó el cargo a varios altos funcionarios actuara desde la Presidencia de la República.

"La investigación no concluyó que esa organización esté en el seno de la Presidencia de la República", afirmó Cardozo en una comparecencia a la Cámara de Diputados para referirse al nuevo escándalo.

Según Cardozo, "la investigación mostró que hay al menos cinco funcionarios de nivel secundario en una situación que puede configurar asociación para delinquir".

Entre los implicados en el caso destaca Rosemary Novoa de Noronha, que fue nombrada en 2003 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefa de Gabinete de la oficina de la Presidencia en Sao Paulo, cargo del que fue destituida la semana pasada por la mandataria Dilma Rousseff.

El ministro de Justicia acusó a la oposición de explotar políticamente el escándalo y de intentar salpicar a la Presidencia.

La exjefe del Gabinete en Sao Paulo, que acompañó a Lula en 24 viajes internacionales, es considerada como muy próxima al expresidente y está acusada de haber utilizado su relación con Lula para influir en nombramientos en importantes cargos de otros implicados, así como de tráfico de influencias.

Otro de los acusados de integrar la red de corrupción y también destituido es José Weber Holanda, el segundo funcionario en la jerarquía de la Abogacía General de la Unión, un organismo vinculado directamente a la Presidencia.

En su comparecencia, Cardozo recordó que Rousseff ordenó la destitución de todos los funcionarios públicos salpicados por el escándalo el pasado 24 de noviembre, un día después de la operación.

Rousseff también destituyó a un director de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y a otro de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), acusados de comandar la red de corrupción.

"Ella (la presidenta) no tiene la menor complacencia con esas personas. La presidenta sigue siendo absolutamente implacable con lo que considera como irregular", afirmó el ministro de Justicia.

Cardozo negó igualmente que los responsables por la investigación hubieran grabado conversaciones entre Lula y Novoa de Noronha, quien, según versiones de prensa, utilizaba su supuesta intimidad con el exjefe de Estado para beneficiarse de favores políticos.

"Hay criterios técnicos para autorizar la grabación de conversaciones telefónicas. Las grabaciones no son hechas para inmiscuirse en la vida personal de alguien sino para cumplir objetivos claros en una investigación", afirmó el ministro.

Cuestionado por legisladores de la oposición sobre la supuesta intención de la Policía Federal de ocultar pistas que supuestamente vinculan a Lula a la investigación, Cardozo negó la existencia de grabaciones de conversaciones de la funcionaria con el exmandatario o con cualquier otra persona.