La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, informó hoy de que al menos 149 personas han sido "asesinadas" en ese país por miembros de la Policía Nacional en los últimos 23 meses.

"Unas 149 personas han sido asesinadas en los últimos 23 meses, por la Policía", en depuración desde hace más de un año, dijo Castellanos, durante la presentación de un informe del Observatorio de la Violencia de la Unah.

Explicó que, del total de personas muertas a manos de policías, 92 fallecieron en 2011, entre ellos su hijo, Rafael Vargas Castellanos y su amigo Carlos Pineda, y los otros 57 en lo que va de 2012.

"Es una cifra alarmante que la Policía misma sea la que esté asesinando personas en este país", lamentó la rectora, quien demandó a las autoridades hondureñas continuar el proceso de depuración de la Policía, iniciado en noviembre de 2011 tras el asesinato de Vargas Castellanos y Pineda, a finales de octubre de ese mismo año.

Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de Honduras, registran los índices más altos de violencia contra las personas por parte de agentes y oficiales de la Policía, indicó Castellanos.

Además, hizo un llamado "a la conciencia" de las autoridades hondureñas, principalmente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a los diputados, para que se "sensibilicen de un problema que es de urgente necesidad y esta vetado".

El miércoles pasado la sala de lo Constitucional de la CSJ declaró inconstitucional las pruebas de confianza que las autoridades de la Policía practican a agentes y oficiales, como parte del proceso de depuración de la institución.

No obstante, el presidente hondureño, Porfirio Lobo, dijo la semana pasada que la depuración de la Policía se hará pese al rechazo de la Corte Suprema.

De los cinco magistrados de la sala de la Suprema, cuatro votaron en contra de las pruebas de confianza, mientras que uno lo hizo a favor, por lo que el pleno del Poder Judicial se reunirá la próxima semana para resolver el caso.

Ante tal situación, Castellanos pidió al pleno de la CSJ que "vea detenidamente" las cifras de muertes, porque revelan la "urgencia y necesidad" de que la Policía hondureña sea depurada.

"Quienes se oponen a la depuración de la Policía deben de explicarnos cómo se va proteger a la ciudadanía de una institución criminal y que ha sido incapaz de ejercer sus propios controles internos", subrayó.

La Ley Especial para la Depuración de la Policía venció el 25 de noviembre pasado, luego de seis meses de vigencia, y se está a la espera de que el Parlamento discuta un proyecto, enviado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONASIN), para extender por seis meses más esa ley.