El juicio para la posible deportación del exministro de Defensa de El Salvador José Guillermo García Merino, acusado en su país de participar en torturas durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), comenzará el lunes en Miami.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. solicitó la deportación de García basándose en que "ordenó, incitó, asistió o participó de algún otro modo en torturas y ejecuciones extrajudiciales", informó hoy el Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA, por su sigla en inglés).

El CJA presentó una demanda contra García y el también exministro de Defensa de la nación centroamericana Carlos Eugenio Vides en nombre de tres de las víctimas y un tribunal de Miami falló a favor de estas en 2002.

La petición de deportación será examinada por el juez de Inmigración Michael Horn y es posible que el proceso dure cerca de una semana.

En las audiencias participará la abogada del CJA Carolyn Patty Blum, que representa al profesor de ciencias Carlos Mauricio, una de las personas que alega fue torturada por la Guardia Nacional y uno de los que presentó la demanda contra los generales retirados.

Vides y García también fueron demandados en un tribunal de West Palm Beach, al norte de Miami, en 2002, por el médico Juan Romagoza y por Neris González, directora de una organización ambientalista.

Los civiles interpusieron la acción judicial bajo la llamada doctrina de mando de responsabilidad, ley que permite presentar demandas civiles contra los violadores de los derechos humanos en otros países que se hayan refugiado en EE.UU.

El marco legal establece que los altos mandos militares pueden ser considerados responsables de los abusos de sus subalternos si tenían conocimiento de lo que hacían o deberían haberlo conocido, y no hicieron nada para impedirlo.

El jurado ordenó a los dos exmilitares indemnizar a los demandantes con 54,6 millones de dólares. Previamente, en ese mismo tribunal ambos fueron absueltos en 2000 por el caso de secuestro, violación y asesinato de cuatro religiosas estadounidenses en El Salvador en 1980.

En 2009, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció el inicio del proceso de deportación, a petición del CJA, que representa a los salvadoreños civiles.