Cientos de indígenas y campesinos guatemaltecos bloquearon hoy varias carreteras de Guatemala como medida de presión para que el Congreso apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral, que es rechazada por los empresarios aduciendo que es una "reforma agraria velada".

El dirigente del Comité de Unidad Campesina (Cuc), Daniel Pascual, explicó a periodistas que al menos siete carreteras importantes del interior del país fueron bloqueadas temporalmente para exigir a los diputados que discutan y aprueben la ley que les garantiza el acceso a la tierra y a la seguridad alimentaria.

En el Parlamento, sin embargo, no se reunieron los 105 diputados que son necesarios para aprobar la normativa, que es apoyada por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.

Pascual detalló que los bloqueos se realizaron en carreteras de los departamentos de Chimaltenango, Totonicapán, Sololá (noroeste), Suchitepéquez (sur), Santa Rosa (sureste) y Chiquimula (este).

Los indígenas y campesinos guatemaltecos no descartan una masiva manifestación para la próxima semana en la capital si el Congreso no aprueba la ley.

En declaraciones a periodistas, el gobernante hizo un llamamiento a los campesinos para que depongan las medidas de hecho.

"No es la mejor vía. Deberían de estar pero frente al Congreso", dijo Pérez Molina.

El mandatario insistió hoy en pedir a los diputados que aprueben la normativa, que es rechazada por los empresarios por considerar que la ley es una "velada reforma agraria".

"En una Guatemala tan desigual, lo único que se puede hacer es aprobar esta ley para impulsar el desarrollo campesino", sostuvo el jefe de Estado.

Pérez Molina asegura que la ley "de ninguna manera atenta contra la propiedad privada", como lo aseguran los empresarios, sino que por el contrario, dará "certeza jurídica" a todos los productores agrícolas del país.

La Cámara del Agro de Guatemala (Cámagro), que aglutina a los hacendados más poderosos y conservadores del país, interpuso ayer ante la Corte de Constitucionalidad un amparo en contra del presidente del Parlamento, Gudy Rivera, para que se abstenga de promover la aprobación de la ley.

Los empresarios se oponen a la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, porque consideran que la misma pretende impulsar una "reforma agraria velada" al darle prioridad a las familias campesinas en la producción agrícola para combatir el hambre y la desnutrición que afecta a más del 52 % de los guatemaltecos.

La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), una de las principales organizaciones de labriegos del país, advirtió ayer en un comunicado que si el Parlamento no aprueba la ley, convocará a un "levantamiento nacional".

"De no aprobarse (la ley) llamamos a preparar un levantamiento nacional y depurar este Congreso para que legisle a favor de los más necesitados", indicó la Conic.

La Ley de Desarrollo Rural Integral busca garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y el acceso democrático a la tierra, así como desarrollar la economía de los campesinos que viven en condiciones de extrema pobreza y que carecen de recursos para subsistir.