El Gobierno argentino destacó hoy la "cordura" del Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos, que dejó en suspenso un fallo que obligaba a Argentina a pagar 1.330 millones de dólares a tenedores de duda soberana que no aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010.

En declaraciones publicadas en la web de la Presidencia argentina, el viceministro de Economía, Axel Kicillof destacó que el Tribunal de Apelaciones deja "las cosas en normalidad".

El fallo del juez Thomas Griesa que quedó en suspenso con el fin de poder examinar la apelación daba al Estado argentino un plazo que vencía el 15 de diciembre para depositar 1.330 millones de dólares en una cuenta bancaria con el fin de pagar a los acreedores que no aceptaron el canje de deuda.

En 2001, el Gobierno argentina, en medio de una severa crisis económica y social, cesó los pagos de deuda soberana por más de 80.000 millones de dólares, el mayor de la historia, y en 2005 y 2010, mediante negociaciones con acreedores, logró reestructurar el 93 % de los bonos en mora, con importantes descuentos.

Griesa considera discriminatorio que Argentina pague a los tenedores de bonos que aceptaron las rebajas y no a los que se negaron.

"La suspensión del pago ordenado por el juez neoyorquino permite que Argentina pague los vencimientos que operan el 15 de diciembre próximo a los bonistas que ingresaron al canje", dijo Kicillof.

Para el viceministro, el propósito de los fondos de inversión que poseen bonos no reestructurados y demandaron el pago ante Griesa "no es entrar al canje, sino seguir apostando a la quiebra del país".

"Si le pagábamos a los especuladores, teníamos que hacerlo con el pago de los que entraron al canje", agregó.

El 15 de diciembre se cumple el plazo del pago de otros 3.500 millones de dólares a los bonistas que sí aceptaron las condiciones de las reestructuraciones de deuda.

El Tribunal de Apelaciones fijó un calendario para la entrega de documentos de las partes en diciembre, enero y febrero, con una presentación de argumentos orales el 27 de febrero de 2013.

Este calendario supone que Argentina gana tres meses, después de que la decisión de Griesa hubiera abierto las puertas a la posibilidad de una suspensión de pagos técnica del país.