La Justicia uruguaya presentó hoy una serie de medidas que serán de obligado cumplimiento para sus funcionarios que buscan garantizar la defensa ante los tribunales de las mujeres y los niños víctimas de violencia doméstica y de género.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay decidió aplicar con estas nuevas normas un pedido realizado por más de un centenar de organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres el pasado mes de junio en el que instaron a las autoridades a garantizar "una respuesta judicial idónea, inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial, frente a actos de violencia contra las mujeres".

Según explicó ante la prensa el ministro del Alto Tribunal Ricardo Pérez Manrique, la idea del la SCJ de aplicar estas medidas responden a su consideración de que la violencia contra las mujeres es un "tema que trata sobre los derechos humanos" y que por tanto la Constitución uruguaya obliga a tomar medidas para garantizarlos.

Así, entre otras medidas, la SCJ impuso a los magistrados la obligatoriedad de evitar la confrontación o el comparecimiento conjunto ante el tribunal de víctimas de violencia de género con sus victimarios, una medida que se extiende a los contactos visuales o la comunicación dentro de las sedes judiciales.

Además, se instó a los jueces a que eviten tomar pronunciamientos genéricos en el momento de tomar medidas cautelares en casos de violencia doméstica del tipo "intímese a las partes a evitar conflictos", medidas consideradas "inútiles e insuficientes para la protección de la víctima" por las impulsoras de esta iniciativa.

Otra de las nuevas directivas judiciales apunta a evitar la adopción de medidas de protección recíprocas, en el entendido de que, como denuncian estas organizaciones, imponer las mismas trabas tanto a la víctima como al agresor, solo se "estigmatiza y humilla a las víctimas" y se rompe "toda la lógica jurídica del sistema".

Asegurar de forma eficiente y supervisar el cumplimento de medidas cautelares, informando de eventuales incumplimientos de las mismas, también será obligatorio.

Junto a esta batería de medidas, la SCJ también emitió un protocolo para implementar el uso de dispositivos tecnológicos para localizar a personas de alto riesgo en caso de violencia doméstica, las conocidas "tobilleras" que portan algunos maltratadores y que sirven para conocer cuando vulneran sus órdenes de alejamiento.

Precisamente, este protocolo, que indica cómo y cuando se deben instalar estos dispositivos, se conoció apenas un día después de que una jueza de familia quisiera aplicar una tobillera en un caso de violencia de género y el Ministerio del Interior tuviera que señalar que todavía el sistema no se podía instalar con seguridad.

La jueza quiso aplicar la medida el mismo día que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hizo pública su presentación y dio a conocer su "disponibilidad", lo que generó diversas críticas al político tanto desde la SCJ como de las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer.