El Gobierno de izquierdas francés adopta hoy nuevas reglas sobre la regularización de inmigrantes con pocos cambios reales y que impiden una gran legalización de sin papeles, en línea con la política anunciada que prevé además una aceleración de expulsiones de quienes están en situación ilegal.

El ministro de Interior, Manuel Valls, presenta en el Consejo de Ministros para su aprobación una circular que se ha retrasado en los últimos meses ante la presión de las asociaciones de defensa de los sin papeles, que sin embargo no han conseguido incorporar muchas de sus demandas.

El responsable de Exteriores, Laurent Fabius, defendió la pertinencia del nuevo texto porque así "las cosas están codificadas, y no se toman decisiones según la cabeza del cliente", en una crítica apenas velada a la situación que se daba con el anterior Ejecutivo conservador durante la presidencia de Nicolas Sarkozy.

"En un Estado de derecho las reglas tienen que estar fijadas", subrayó en una entrevista con "France Inter", y sobre el contenido de la circular señaló que "Francia debe respetar las leyes y no puede aceptar a la totalidad de los inmigrantes del mundo".

Valls, citado hoy por "France Info", asumió que su circular no abra la puerta a una regularización masiva.

En las últimas semanas ya había asegurado de que no se traduciría en "evoluciones sensibles en términos de cifras tanto sobre las regularizaciones como sobre las expulsiones", y de que no habría "regularización masiva como en 1981 y en 1997" con la llegada al poder de gobiernos socialistas en ambas fechas.

El titular de Interior había dicho ante la Asamblea Nacional que habría unas 30.000 regularizaciones anuales (se calcula que hay entre 200.000 y 400.000 inmigrantes sin papeles) y que este año habrá finalmente más expulsiones que en 2011, cuando se había llegado a un récord con 33.000.

La circular de Valls establece que podrán solicitar su regularización los trabajadores que lleven como mínimo cinco años en Francia, que hayan estado trabajando al menos ocho meses en los dos últimos años (o 30 meses en los últimos cinco años) y puedan presentar pruebas como un contrato o nóminas.

También lo podrán demandar los padres que lleven cinco años en Francia y tengan a un hijo escolarizado desde al menos tres años, frente a unas condiciones que no estaban clarificadas hasta ahora en esos casos.

Un tercer gran grupo concernido por las nuevas reglas son las parejas de un extranjero que tenga papeles. En este caso, deberá haber residido cinco años en Francia, llevar al menos 18 meses de vida común (frente a cinco años hasta ahora) y poder demostrar recursos de subsistencia.

En cuanto a los jóvenes sin papeles que lleguen a la mayoría de edad (18 años), podrán legalizar su situación si llegaron a Francia antes de cumplir los 16, si su escolaridad ha sido "asidua y seria" y si tienen vínculos en el país.

La normativa que estaba en vigor sólo contemplaba la concesión automática de un estatuto legal a los que hubieran llegado a Francia antes de cumplir 13 años.