Ministros de justicia de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) iniciaron hoy una reunión en Quito para buscar mecanismos que faciliten el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, uno de sus mayores retos, y agilizar las extradiciones.

La Novena Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA IX) pretende también fortalecer la cooperación en materia penal, política carcelaria, delito cibernético y ciencias forenses, entre otros aspectos.

En América Latina y el Caribe tan solo un 30 % de la población está satisfecha con la justicia, frente al 33 % de 2009, según datos de la encuestadora Latinbarómetro citados por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en la inauguración de la reunión, que terminará mañana.

"La queja principal es que mucha gente no accede" al sistema judicial, apuntó Insulza, quien dijo que ese acceso "es fundamental para la efectividad de otros derechos".

En este sentido, la OEA promoverá en el encuentro el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, que se inició en 2007 en Nicaragua y que ahora se aplica también en Argentina, Guatemala, Panamá, Paraguay y Honduras.

La iniciativa ha capacitado a unos 4.800 "facilitadores", que son líderes comunitarios que median en conflictos en lugares donde el acceso a los jueces es restringido, ayudan a realizar trámites y proporcionan información legal a sus vecinos.

El programa "ha hecho posible que el rango de acceso a la justicia en Nicaragua sea superior al de muchos países latinoamericanos", dijo a Efe Hernán Estrada, su procurador general, quien participa en la reunión.

En la nación centroamericana se ha aplicado en particular en zonas rurales y de la costa del Caribe, donde hay diversidad de idiomas y culturas, explicó Estrada.

En el tema de extradiciones, la OEA impulsa, según Insulza, un "modelo único" que agilice los trámites entre países, puesto que ha aumentado el número de peticiones y se necesita un sistema mucho más rápido para hacer frente al crimen organizado.

Los países presentes en la reunión también compartieron su experiencia en políticas carcelarias.

La ministra francesa de Justicia, Christian Taubira, quien participó en calidad de observadora, destacó la preferencia de su país por sanciones de semilibertad y trabajo social, con el objetivo de evitar separar al infractor de la sociedad y el hacinamiento en las cárceles.

"Hay que evitar que solo se busquen las penas de prisión", aseveró Taubira en un encuentro con la prensa.

Otro de los ámbitos de trabajo es el combate a los delitos cibernéticos, que son por esencia internacionales, por lo que se requiere la colaboración para la prevención y para su penalización, según Insulza.

Más de mil personas han recibido capacitación sobre este asunto, como parte de una iniciativa apoyada económicamente por Estados Unidos, explicó.

La REMJA, cuya primera reunión fue en 1997 en Buenos Aires, es el principal foro en América para temas de justicia.

Insulza destacó que no se trata únicamente de una reunión cada dos años, sino que es un espacio de cooperación que cuenta con redes permanentes y grupos de trabajo.

Los ministros evaluarán los avances en la cita en Ecuador, cuyo Gobierno ha puesto en duda la efectividad de la propia OEA. El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, aseveró ayer que ese organismo "ha cumplido su vida útil".

El presidente del país andino, Rafael Correa, mantiene que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), de la que están excluidos Estados Unidos y Canadá, debería reemplazar a la OEA, a la que ve como un "instrumento" de Washington.

En respuesta, Insulza afirmó que "hoy día no existe un reemplazo para la OEA, no existe el sustituto en una serie de cosas, derechos humanos es una, nuestro sistema de observación electoral es excelente, nuestro trabajo en materia de seguridad pública".

Correa, que se reunió hoy en el Palacio Presidencial con Insulza, donde hablaron de la reforma de la OEA, debía haber inaugurado la REMJA junto con el secretario general del organismo interamericano, pero su intervención se suspendió sin que se indicara un motivo.