La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció hoy que presentará al Congreso una serie de reformas constitucionales para mejorar la lucha contra el narcotráfico, que incluyen modificaciones a las escuchas telefónicas y la extradición de nacionales a otros países.

El anuncio lo hizo la mandataria en el marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebra a partir de hoy y hasta el viernes en Costa Rica.

Chinchilla hizo un llamado a los comisionados y autoridades antidrogas del continente a revisar los resultados de sus acciones y "dudar" acerca de la efectividad de las estrategias seguidas hasta el momento en la lucha contra el narcotráfico.

En ese sentido, la presidenta señaló que su Gobierno impulsará, por ejemplo, una reforma Constitucional para permitir que las policías judiciales realicen escuchas telefónicas, medida que en este momento solo pueden ejecutar los jueces en persona.

Costa Rica es el único país centroamericano donde la policía no escucha directamente los teléfonos intervenidos, sino que el juez es quien decide qué parte de la información recolectada comparte con la policía judicial.

Chinchilla pretende además modificar la Constitución para que sea legal la extradición de costarricenses hacia otros países donde sean buscados por delitos de narcotráfico y crimen organizado.

La mandataria dijo en rueda de prensa que además Costa Rica promoverá la firma de un tratado de realizar patrullas conjuntas en el Pacífico entre los países de Centroamérica y otros como México y Colombia, para tener una mayor capacidad operativa sobre las rutas de tráfico de droga desde Suramérica hasta Estados Unidos.

Según Chinchilla, son necesarias además otras reformas al Código Penal para endurecer las penas y sanciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Con estas medidas, afirmó la presidenta, su país enviará "un claro mensaje" a las bandas criminales, aunque subrayó que la lucha al narcotráfico no debe ni puede ser un asunto nacional.

Los proyectos de reforma constitucional serán enviados hoy mismo al Congreso pero su trámite podría tardar al menos dos años.