Casi una de cada cuatro personas en la UE que pertenece a una minoría étnica, religiosa o sexual asegura que ha sido ya víctima de delitos racistas, informó hoy la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).

De acuerdo a un sondeo realizado entre 23.500 personas en los 27 países miembros de la UE, un 24 por ciento de los encuestados dice haber sido objeto de agresiones de este tipo.

De media, el 18 por ciento de los romaníes (gitanos) y el 18 por ciento de los inmigrantes africanos subsaharianos que participaron en la encuesta señalaron que habían sido objeto de por lo menos un delito racista en los últimos doce meses.

El informe de la FRA fue emitido hoy en Viena, donde se encuentra la sede de esta agencia comunitaria.

Según el documento, "los delitos por odio son una realidad cotidiana en todo el territorio de la Unión Europea (UE)".

Se trata de violencia y delitos motivados por el racismo, la xenofobia, la intolerancia religiosa o por la discapacidad, la orientación sexual o la identidad de género.

Estos ataques "no solo perjudican a quienes los sufren, sino que atentan también de lleno contra los compromisos de la UE con la democracia y los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación", precisa la FRA.

El danés Morten Kjaerum, director de la Agencia europea, señaló en un comunicado que "los delitos por odio crean una mentalidad de "nosotros y ellos" que produce un terrible daño psicológico".

"Los delitos por odio perjudican no solo a quien los sufre, sino también a otros individuos de su mismo grupo y a la sociedad en general. Para combatir esta situación, la UE y sus Estados miembros deben garantizar mayor visibilidad a estos delitos y hacer que sus delincuentes respondan por el daño causado", concluyó Kjaerum.

La FRA exige en su informe una mayor voluntad por parte de los responsables políticos a fin de contrarrestar los prejuicios dominantes contra determinados grupos.

Asimismo, debería alentarse a las víctimas y a los testigos a denunciar estos actos, así como aprobar una legislación a escala nacional y de la UE que obligara a los Estados miembros a recopilar y publicar datos relativos a los delitos por odio.