Los abogados de la Cámara de Representantes y del Departamento de Justicia se reunirán para tratar de resolver una demanda planteada por los esfuerzos del Congreso para obtener información relacionada con la Operación Rápido y Furioso, una operación fallida que pretendía seguir el rastro de armas contrabandeadas de Estados Unidos a México.

Los abogados de ambas partes dijeron el martes a la jueza Amy Berman Jackson que prefieren reunirse sin la ayuda del tribunal. Kerry Kircher, abogado de la cámara baja de mayoría republicana, dijo que las discusiones se llevarán a cabo en un "futuro cercano". La jueza, que fue propuesta por el presidente Barack Obama, programó otra audiencia para el 10 de enero.

El gobierno de Obama se ha acogido al privilegio ejecutivo para negarse a entregar documentos a los legisladores, y el secretario de Justicia Eric Holder ha sido declarado en desacato de la cámara por negarse a entregar documentos que expliquen qué llevó al Departamento de Justicia a dar un giro de 180 grados después de negar inicialmente ante el Congreso que los agentes federales habían usado una táctica controversial de permitir que los delincuentes se llevaran las armas para rastrear el contrabando y detectar a sus participantes.

En una carta dirigida al Congreso fechada el 4 de febrero del 2011, el Departamento de Justicia dijo que los agentes hicieron todo esfuerzo posible para interceptar armas que hubiesen sido adquiridas ilegalmente para impedir su transporte a México. Esa afirmación resultó ser incorrecta y el departamento retiró la carta 10 meses después.

En una sesión de preguntas y respuestas después de una conferencia de prensa sobre otro tema en New Haven, Connecticut, Holder dijo el martes que el departamento ha tratado desde hace tiempo de resolver la cuestión con la cámara baja.

"Estamos dispuestos, tal como indicamos hace muchos meses, a tratar de llegar a un acuerdo, a buscar el medio de satisfacer la legítima solicitud del Congreso", afirmó. "Creo que puede convenirse dicho acuerdo. Pero podríamos haberlo hecho hace muchos meses".

El departamento ya ha entregado más de 7.600 páginas de documentos sobre la operación. La disputa versa sobre documentos que describen el modo en que el departamento respondió a la investigación legislativa sobre la operación. Obama se acogió al privilegio ejecutivo de no revelar los detalles de la toma de decisiones internas sobre dicha investigación.

En Rápido y Furioso, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos abandonaron la práctica habitual de interceptar todas las armas que suponían adquiridas ilícitamente. El objetivo del nuevo enfoque era rastrear dichas armas hasta los cabecillas de las redes de tráfico de armas y desmantelarlas.

Pero los agentes perdieron el rastro de muchas de las armas, y cientos de ellas compradas en Arizona terminaron en México, donde muchas fueron halladas en lugares de crímenes. Dos fueron encontradas en el sector estadounidense de la frontera en el sitio de un tiroteo en que murió el agente fronterizo Brian Terry. Cinco hombres han sido acusados de la muerte de Terry y uno se declaró culpable el mes pasado y enfrenta la posibilidad de cadena perpetua. Otros tres son fugitivos.

Asimismo el martes, Ian Heath Gershengorn, fiscal asistente en la división civil del Departamento de Justicia, dijo al juez que la citación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y Reforma del Gobierno para los documentos expirará el 3 de enero, cuando concluya la Legislatura actual y asuma una nueva. Agregó que eso podría hacer irrelevante el caso.

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El periodista de Associated Press Michael Melia en New Haven, Connecticut, contribuyó a este despacho.

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