El exgobernador opositor del departamento boliviano de Tarija Mario Cossío, refugiado en Paraguay desde hace dos años, anunció hoy que por razones morales no renunciará a su cargo, ya que hacerlo "sería lavarle el rostro a la dictadura" que a su juicio supone el Gobierno del presidente Evo Morales.

Cossío remitió una extensa carta a los medios de comunicación de Bolivia en la que denuncia que su marcha se debió a la "persecución implacable de la dictadura boliviana".

El político fue suspendido en diciembre del 2010 a instancias del oficialismo, que argumentó la existencia de acusaciones de corrupción, aunque el exgobernador se considera un perseguido político.

A Morales, afirmó el opositor en la misiva, "le quita el sueño saber que pasará a la historia como un golpista y un dictador".

Según Cossío, el Gobierno "ha introducido hábilmente en el debate nacional" la idea de su renuncia, "buscando que ello pueda tapar sus culpas".

"Hablan de la necesidad de restituir el estado de derecho pero me piden que acepte con mi renuncia el pisoteo que ha perpetrado el régimen a la Constitución Política del Estado y a los tratados internacionales", argumentó el opositor.

Cossío, que en su condición de refugiado político llevaba largo tiempo sin hacer declaraciones a la prensa, afirmó que "en tanto permanezca la dictadura, Tarija no podrá restituir verdaderamente su democracia".

"Por esa misma razón es una ingenuidad creer que mi renuncia puede resolver el problema de fondo que aqueja a nuestro departamento. Al contrario, lo profundizaría", prosiguió.

El político añadió que "el nuevo desafío es recuperar Bolivia de manos de la dictadura, pero para lograrlo se requiere de un proyecto alternativo de cambio para el país, que no implique retornar al pasado pero tampoco avanzar en la aventura totalitaria de hoy".

Junto a Cossío se encuentran asilados en Paraguay tres de sus familiares y un exconsejero.

Desde que Morales asumió la Presidencia en 2006, decenas de dirigentes de la oposición han huido de Bolivia y buscado refugio en Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Perú y España, entre otros países, tras acusar al Gobierno de persecución política y argumentar que no tendrán un juicio justo en este país.

Mientras, el Gobierno niega que en Bolivia haya presos o perseguidos políticos, y aduce que se trata -en su mayoría- de casos de supuesta corrupción. EFE