La Comisión de Reducción de Condenas recomendó cerrar uno de los dos penales creados para los violadores a los derechos humanos durante la dictadura militar y unificarlos en una sola cárcel con grandes comodidades, como habitaciones individuales con baño privado.

La realidad de los condenados por los atroces crímenes cometidos especialmente en los primeros años de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) contrasta con las penurias de la mayoría de los presos comunes, que viven hacinados y algunos incluso sin baño durante las tardes y noches.

El informe publicado en internet por la Comisión, dirigida por la jueza de la Corte de Apelaciones Amanda Valdovinos e integrada por otros 10 miembros del poder judicial y de la guardia de prisiones, recomendó cerrar el penal Cordillera, que funciona al interior del regimiento de Telecomunicaciones del ejército, en el sector suroriente de Santiago, y congregar a todos los presos en la cárcel de Punta Peuco, 40 kilómetros al norte de Santiago.

Uno de los afectados sería el máximo jefe de la policía represiva de Pinochet, el general retirado Manuel Contreras, y sus subordinados el coronel Pedro Espinoza y el brigadier Miguel Krassnoff, considerados algunos de los peores torturadores y asesinos de la policía represiva.

Contreras creó la Dirección Nacional de Inteligencia, la temida Dina, responsable de los peores atropellos en los inicios del régimen militar. Espinoza y Contreras ya cumplieron una condena a siete años por su autoría intelectual del asesinato en Washington del ex canciller socialista Orlando Letelier, en 1977.

El penal Cordillera cuenta con cabañas individuales donde los presos reciben a sus visitas diariamente y una serie de comodidades que los presos comunes están lejos de soñar.

El informe de la Comisión precisa que en Punta Peuco hay 82 guardias, lo que "no guarda relación con los 44 internos que cumplen condena en dicho establecimiento, al que podrían incorporarse de manera satisfactoria los que purgan penas en el Penal Cordillera, y que al día de la visita (el 13 de noviembre) contaba con cupos e instalaciones suficientes".

Los ocupantes de Punta Peuco son oficiales y suboficiales retirados del ejército, la fuerza aérea, armada, policía uniformada y de gendarmería o guardias carcelarios, "que purgan altas penas por delitos de gran connotación pública como homicidio calificado y secuestro calificado".

"Se alojan en habitaciones individuales con baño privado y cuentan con comedores, salas de lectura, cancha de tenis, salas de ejercicios y amplios jardines".

El mismo informe precisa que, por ejemplo, en la Cárcel de Santiago, hay un fuerte hacinamiento y falta de servicios higiénicos. Los reos homosexuales, congregados en la llamada calle 33, después que son encerrados diariamente por la tarde "ni cuentan en sus celdas, ocupadas por hasta cinco individuos, con una taza de baño en su interior, debiendo defecar en bolsas".

Entre los habitantes de Punta Peuco está el ex mayor del ejército Alvaro Corvalán, vinculado al asesinato del destacado líder sindical Tucapel Jiménez, que en 1982 fue baleado y degollado, y a la ejecución de 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que combatió por las armas a la dictadura, y que fue presentado como un enfrentamiento por el gobierno de Pinochet.

También están los asesinos de tres profesionales comunistas secuestrados y degollados por policías en 1985.