Cuatro de los detenidos por la matanza que derivó en junio pasado en la destitución del presidente Fernando Lugo levantaron la huelga de hambre que mantenían para exigir su liberación, informó hoy la agencia pública IP Paraguay.

La medida fue adoptada la noche del viernes por los detenidos Luis Olmedo, Lucía Agüero, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, quienes se encuentran hospitalizados tras realizar ayunos como parte de una protesta iniciada hace dos meses para exigir su liberación.

Los detenidos adoptaron la nueva decisión luego de que el juez penal de garantías de Curuguaty (nordeste), José Benítez, les otorgara el viernes la prisión domiciliaria en respuesta a un pedido de los abogados de los procesados.

El ministro de Salud, Antonio Arbo, dijo en declaraciones reproducidas por IP que ahora se inicia una etapa de recuperación nutricional para las cuatro personas que, ante el agravamiento de sus estados de salud debido a los ayunos, fueron trasladas el jueves último a un hospital de las afueras de Asunción.

Una vez que reciban el alta médica podrán ser trasladados a sus domicilios, donde permanecerán recluidos durante el tiempo que el magistrado del caso lo disponga, según explicaron en su día fuentes del Poder Judicial.

Los cuatro procesados exigen su liberación y desvinculación del caso que se sigue a un total de 15 campesinos que fueron detenidos tras la muerte de seis policías y once labradores el 16 de junio en un tiroteo durante una operación policial de desalojo de "sin tierras" en una finca de Curuguaty.

Esa masacre, sin precedentes en el país y ocurrida en una propiedad que se disputan el Estado y los familiares del empresario recientemente fallecido Blas N. Riquelme, derivó en la destitución de Lugo en un controvertido juicio político, el 22 de junio último.

Los campesinos detenidos están acusados de los delitos de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal, entre otros.

La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías "cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados", mientras que los abogados de los procesados aseguran que hay pruebas que demuestran que los agentes fueron abatidos por "expertos tiradores" y no por los campesinos.