El presidente dominicano, Danilo Medina, cumple hoy sus primeros 100 días en el cargo con el empeño de cumplir sus promesas, haciendo aprobar una reforma tributaria y bajo el fuego cruzado de opositores que no han guardado ese "período de gracia" que tradicionalmente recibe todo nuevo Gobierno.

El gobernante de 61 años, que asumió el poder el 16 de agosto, ha impuesto un estilo austero y frugal que marca la diferencia con su antecesor, Leonel Fernández, más inclinado hacia el boato y la espectacularidad.

Medina prometió que a partir del año próximo el país destinará el 4 % del producto interno bruto (PIB) a la educación preuniversitaria tal y como lo ordena la ley, creó un ambicioso plan para eliminar en dos años el analfabetismo que afecta a más de 700.000 dominicanos, y dispuso un fondo de 10.000 millones de pesos (unos 250 millones de dólares) en créditos para la micro, pequeña y mediana empresa.

Dispuso también el incremento de los beneficios del programa "Solidaridad" que otorga ayuda económica a centenares de miles de familias pobres, hizo firmar a sus funcionarios un código de ética y logró reducir de un tirón el gasto público en 6.900 millones de pesos (unos 172,5 millones de dólares) con una serie de medidas de austeridad.

Además, creó la ventanilla única de inversión (VUI) que otorga facilidades y seguridades a los inversionistas extranjeros y locales, y recientemente dispuso que se otorguen títulos de propiedad a miles de personas que ocupan desde años terrenos estatales.

Estas medidas, sin embargo, no han servido para aplacar el rechazo de amplios sectores nacionales a la reforma tributaria que Medina hizo aprobar en el Congreso Nacional, y que amplía la base impositiva al consumo del 16 % al 18 %, establece aumentos en los impuestos a las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, así como la retención del 10 % de los beneficios de las cuentas de ahorros a partir de los 400.000 pesos (unos 10.000 dólares).

El gobernante dijo que la reforma tributaria era el "único recurso" con que contaba el Gobierno para hacer frente al déficit fiscal registrado durante el último año del Gobierno de Fernández y que fue calculado en unos 187.000 millones de pesos (unos 4.675 dólares).

Con esa reforma tributaria, que generará unos 43.000 millones de dólares (unos 1,075 millones de dólares), el Gobierno pretende manejarse más holgadamente en el manejo de recursos.

Sin embargo, grupos sociales integrados principalmente por jóvenes de clase media y media alta, han salido a las calles a protestar contra lo que llaman "paquetazo fiscal", al considerar que los ciudadanos no deben pagar más impuestos para tapar un déficit originado por el propio Gobierno.

Esos grupos, que han recibido el apoyo de políticos de la oposición, exigen a Medina que busque los recursos que necesita en las supuestas fortunas acumuladas por pasados altos cargos del Gobierno de Fernández, a quien han señalado como el principal responsable del déficit fiscal.

Fernández, sin embargo, ha rechazado su culpabilidad en la cuestión, y ha explicado en varias oportunidades su versión de lo que sucedió, en la que atribuye el problema a factores como el pago del subsidio al sector eléctrico, el déficit "cuasi-fiscal" del Banco Central, una menor recaudación en el presupuesto del año pasado, y la ejecución de un amplísimo programa de construcción de obras públicas.