El Gobierno argentino afirmó hoy que el fallo de un juez estadounidense a favor de una demanda de fondos especulativos contra el país "no desencadenará nada raro", en un intento por rebajar la polémica tras una decisión que ha resucitado el fantasma del riesgo de una suspensión de pagos técnica.

El fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa a favor de fondos especulativos que reclaman el pago de una deuda a Argentina "no va a desencadenar nada raro", afirmó el jefe de Gabinete del Gobierno, Juan Manuel Abal Medina, en declaraciones al diario oficialista Página 12.

"Es un burdo intento de intento de un colonialismo judicial", dijo en referencia al fallo del juez federal Griesa a favor de los fondos de inversión NML y Aurelius, que exigen el pago del total de los bonos soberanos argentinos en su poder después de rechazar las reestructuraciones de deuda planteadas en 2005 y 2010 por el Gobierno tras la suspensión de pagos de 2001.

"Es una especie de medida del siglo XIX en pleno siglo XXI, que expresa los intentos de estos fondos buitre que una y otra vez intentaron quebrar a la Argentina para obligarnos a volver a endeudarnos", agregó Abal Medina.

El funcionario recordó que Argentina apelará el fallo de Griesa el próximo lunes y consideró "un disparate" su decisión porque "un juez puede pasar por arriba de la soberanía de un país, y al mismo tiempo, barrer con las reglas de las finanzas internacionales".

"Estamos seguros de que esto no se le va a permitir. Y en todo caso, vamos a seguir peleando por lo mismo, este país nunca va a volver para atrás", insistió.

El fallo de Griesa obliga a Argentina a pagar a los fondos especulativos más de 1.300 millones de dólares antes del 15 de diciembre, cuando se cumple también el plazo del pago de otros 3.300 millones de dólares a bonistas que sí aceptaron las condiciones de las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010.

La decisión del juez abre la puerta a una nueva amenaza de suspensión de pagos técnica en Argentina, según analistas económicos, aunque tanto Gobierno como expertos coinciden en que la aplicación del fallo sentaría un grave precedente para los países con problemas financieros que han renegociado deudas.