Argentina se está quedando sin margen de maniobra en un conflicto multimillonario por una deuda extranjera que no ha sido pagada desde que el país incurrió en una mora récord hace una década, y lo que está en juego para la presidenta Cristina Fernández no podría ser más alto.

La mandataria corre el riesgo de desencadenar otro incumplimiento histórico de deuda si no acepta pagarle a los llamados "fondos buitres", a los que responsabiliza de muchos de los problemas de Argentina.

Harto de la negativa del país sudamericano a pagar su deuda a pesar de haber perdido en una corte de apelaciones, el juez federal de distrito Thomas Griesa en Nueva York dijo que está decidido a hacer que Argentina pague al menos algo a los demandantes.

Su idea es acceder al dinero que Buenos Aires le reembolsa a otros tenedores de bonos, haciendo que los bancos que procesan los pagos desvíen una parte del dinero a los demandantes. Algunas instituciones financieras estadounidenses serían las ejecutoras de la decisión de Griesa, ya sea ayudando a cumplir el fallo o "auxiliando e incitando" a cometer un delito.

La idea sin precedentes fue ampliamente sustentada en apelaciones el mes pasado. Griesa intentó impulsar una solución del caso la noche del miércoles, cuando canceló una suspensión del cumplimiento de la sentencia y estableció una orden en la que instruye a Argentina para que haga una primera serie de pagos a una cuenta de depósito en garantía el 15 de diciembre, cuando el país prevé realizar pagos a los otros bonistas.