El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), pidió hoy que la Justicia proteja a las niñas y adolescentes involucradas en una red de prostitución de menores en Chile y se sancione a los 16 personas procesadas en este caso.

"El abuso sexual es un delito y debe ser sancionado con las máximas sanciones que contempla la Ley", señaló el organismo en un comunicado difundido pocas horas después de que un juez ordenara la prisión preventiva de los culpables "por constituir un peligro para la sociedad".

Unicef sostuvo que es necesario perfeccionar la legislación vigente, de manera de contar con una Ley de Protección Integral de la Infancia que prohíba toda forma de violencia y maltrato, entre las que se encuentra toda acción de significación sexual, y la creación de mecanismos efectivos de prevención, respuesta y erradicación de conductas u omisiones de esta naturaleza.

"Una iniciativa legal de este tipo fortalecerá el trabajo de protección, prevención y reparación que las instituciones públicas y privadas actualmente desarrollan en este ámbito", añadió el organismo tras conocerse que esa red de prostitución operaba en Chile desde hace 19 años.

El organismo de Naciones Unidas enfatizó que la explotación de menores de edad es un delito de la mayor gravedad, ya que se vulneran severamente sus derechos y compromete su salud física y mental, su normal desarrollo y crecimiento.

Unicef hizo un especial llamado a proteger el derecho a la privacidad de las niñas y adolescentes que han sido víctimas de estos delitos.

"Se debe evitar su revictimización, ya que al ser instadas por los medios de comunicación a repetir una y otra vez las situaciones que les tocó vivir se les obliga a revivir episodios dolorosos y traumáticos. Ellas deben colaborar con la Justicia, por los conductos regulares, pero no a través de la prensa", subrayó.

Agregó la entidad que para prevenir este tipo de situaciones se deben fortalecer las políticas sociales y programas específicos, en educación y atención de salud.

"Se deben tomar medidas para la prevención de este tipo de delitos y detección temprana, de manera de asegurar la total protección y recuperación social y psicológica de las víctimas", añadió.

Unicef señaló que la comunidad y los organismos del Estado deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar que hechos de este tipo se repitan, promoviendo una cultura de respeto a la dignidad y derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.

Este martes, el juez del undécimo juzgado de Garantía de Santiago, Leonardo Varas, tras una segunda jornada de audiencias de más de once horas, ordenó la prisión preventiva de los 16 imputados y estableció un plazo de 90 días para la investigación.

Entre los imputados se encuentran un excandidato a alcalde por la Democracia Cristiana; un productor de TVN y un dibujante creador de caricaturas y creador de la revista Barrabases que pagaban a chicas de entre 12 y 17 años.

Varas dijo en su resolución que se da por acreditado el delito de obtención de servicios sexuales de menores para todos los imputados.

La Fiscalía ha señalado que los acusados arrestados el pasado jueves gracias a la "Operación Heidi" que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llevó a cabo durante cuatro meses, se enfrentan a penas de entre 341 días y 15 años de cárcel.