El delito de financiación del terrorismo fue incorporado en la legislación antiterrorista vigente de Perú y será castigado con penas de 20 a 35 años de cárcel, según una nueva ley promulgada hoy en la gaceta oficial El Peruano.

La nueva norma explica que incurre en financiamiento del terrorismo "el que por cualquier medio, directa o indirectamente, al interior o fuera del territorio nacional, voluntariamente provea, aporte o recolecte fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos" con la finalidad de cometer actos terroristas.

La pena para este delito será no menor de 20 años ni mayor de 25 años de cárcel, pero "si el agente ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto de terrorismo o tiene la calidad de funcionario o servidor público" será castigado con una pena no menor de 25 años ni mayor de 35 años de cárcel.

El financiamiento del terrorismo "es un delito autónomo que para su consumación no requiere que los delitos previstos en el Decreto Ley 25475 (que contiene la legislación antiterrorista), los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o los fines de los terroristas individuales o grupos terroristas se perpetren", se precisó.

La norma fue aprobada el pasado 29 de octubre por el Congreso y firmada este martes por el presidente Ollanta Humala, tras su retorno de una gira oficial por Europa.

Las autoridades peruanas sostienen que las fuerzas remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso establecidas en zonas de cultivo de hoja de coca operan aliadas con mafias del narcotráfico para financiar sus actividades ilícitas en Perú.

Sendero Luminoso y el desaparecido Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) fueron señalados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como los responsables de la mayoría de los 70.000 muertos y desaparecidos causados por el terrorismo entre 1980 y 2000 en Perú.

Lima fue escenario ayer de una marcha por la paz y contra el terrorismo organizada por la Universidad de San Marcos, en repuesta a la presencia en su campus de militantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado el brazo político de Sendero Luminoso, que hacen labores de proselitismo.

El Movadef reclama la amnistía general para los presos por terrorismo, como condición para lograr una reconciliación nacional, y especialmente la del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, condenado a cadena perpetua por terrorismo.