Los municipios con problemas de límites en Bolivia hicieron una tregua en sus protestas en víspera del censo nacional por el cual mañana el país se paralizará casi totalmente, con restricciones para la circulación, los viajes y con el cierre de las fronteras, informaron hoy fuentes oficiales.

Tras dialogar con las autoridades, los habitantes del pueblo fronterizo de Yacuiba levantaron el bloqueo del paso hacia Argentina que comenzaron el lunes para demandar cambios en la cartografía del censo, informó a los medios el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

También cesó la tensión cerca del pueblo de Ivirgarzama, en la región central de Cochabamba, donde la policía intervino el lunes el bloqueo de una carretera troncal, que afectaba a 3.000 vehículos y fue provocado por la misma preocupación sobre la cartografía.

En otros municipios con problemas territoriales hubo protestas similares en las últimas semanas porque sus pobladores temen que el trabajo de los encuestadores perjudique su recuento de población y afecte en el futuro los ingresos que reciben del Estado.

Romero dijo que la mayoría de los 81 conflictos de municipios por límites territoriales han sido resueltos por la vía de acuerdos y sin más dificultades, si bien en algunos casos hubo movilizaciones.

Agregó que solamente prevalece un problema menor en Cochabamba.

El presidente boliviano, Evo Morales, insistió hoy en un discurso en que el empadronamiento no definirá límites ni resolverá los conflictos territoriales, sino que es para saber exactamente cuánta población hay en Bolivia y qué actividades desarrolla.

"El censo no es para el Gobierno, es para el pueblo, especialmente para las futuras generaciones porque sin saber cuántos somos, qué nos falta, cómo estamos en vivienda y en otras áreas, ¿cómo podremos planificar para las futuras generaciones?", sostuvo.

El último recuento general de la población data de 11 años atrás y registró a 8,3 millones de habitantes, mientras que en el censo de mañana el INE prevé que esta cifra supere los 10 millones.

Para su desarrollo se han decretado medidas extraordinarias que incluyen la parálisis total de actividades públicas y privadas y prohibiciones como las de circular, viajar al interior y consumir alcohol en cualquier lugar.

La gente está obligada a permanecer en casa incluso después de ser censada y puede ser arrestada por la Policía y el Ejército si sale de la misma y además será objeto de multas económicas.

Los extranjeros que residen en el país o están de paso también serán censados y deben someterse a las restricciones de los "autos de buen Gobierno" dictadas por el Gobierno y autoridades regionales.

Una fuente del Instituto Nacional de Estadística (INE) dijo hoy a Efe que mañana también se cerrarán las fronteras con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú para evitar desplazamientos de gente por vía terrestre mientras se realice el censo.

En cambio, sí están permitidos los vuelos internacionales y la circulación con permisos para autoridades, diplomáticos, personal médico de urgencias y periodistas.

El INE movilizará a 217.000 encuestadores y tendrá el apoyo de 36.000 policías y de las Fuerzas Armadas para la vigilancia.