El fiscal anticorrupción solicitará mañana una fianza civil de casi 8,2 millones de euros (unos 10,4 millones de dólares) para Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos de España, y su ex socio Diego Torres, imputados en un caso de supuesta corrupción.

La petición de la fianza pretende cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas que les podrían imponer por un caso de malversación de fondos públicos y fraude a la administración, informaron hoy a Efe fuentes jurídicas.

En el escrito que el fiscal presentará mañana en el juzgado de Palma de Mallorca, pedirá esta fianza como medida principal.

El caso de que no sea aceptada, planteará al juez de forma subsidiaria rebajarla a una cantidad de entre los 5 y 6 millones de euros.

El juez deberá luego decidir si adopta la medida solicitada en el marco de una causa que investiga el supuesto desvío de unos 5,8 millones de euros de dinero público entre 2004 y 2007.

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, declaró a Efe que la fianza le parece "exagerada".

La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez del caso sospechan que Urdangarin y Torres obtuvieron de forma irregular fondos públicos de los gobiernos regionales de las Islas Baleares y de la Comunidad Valenciana.

Aunque la fianza asciende a 8,2 millones de euros, el fiscal calcula que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropiaron de alrededor de 6 millones de euros y desviaron el dinero al instituto sin ánimo de lucro que ambos presidieron mediante facturas falsas o infladas.

Iñaki Urdangarin, duque de Palma, es el esposo de la infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos, con la que se casó en octubre de 1997.

El pasado mes de febrero, compareció ante la justicia en Palma de Mallorca y defendió su inocencia y su labor al frente del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que presidió entre 2004 y 2006.

El duque de Palma afirmó ante el juez que nunca participó en la gestión ni en la contabilidad de Nóos y las sociedades investigadas en relación con este instituto.

También reconoció en su declaración judicial que el rey Juan Carlos le pidió en 2006 que dejara sus actividades profesionales relacionadas con el sector público.

El pasado 28 de agosto, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin anunciaron que dejaban Washington, donde residían desde hacía tres años son sus hijos, para regresar a España tras solicitar una "excedencia temporal" en el contrato que el duque de Palma tiene con la multinacional de telecomunicaciones Telefónica.