El gobierno brasileño presionó al Congreso para que vote cuanto antes una ley de combate a la tortura en momentos de preocupación por la situación de las cárceles del país donde se han denunciado casos de abusos de internos.

La ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário Nunes, urgió a los diputados dar su aval a la ley que crearía el Mecanismo Nacional de Combate a la Tortura durante un encuentro con legisladores.

"La creación de este sistema va a viabilizar la vigilancia, por medio de inspecciones, de todos los centros de internación prolongada en el país, desde presidios hasta instituciones para ancianos, niños, adolescentes y personas con trastornos psiquiátricos", dijo la ministra en la visita a la Cámara de Diputados.

En respuesta a la visita de Nunes, el presidente de la cámara baja, el diputado oficialista Marco Maia, anunció la intención de someter el proyecto a votación la próxima semana, aunque no definió una fecha.

El proyecto de ley que crea el mecanismo contra la tortura fue enviado el año pasado al Congreso por la presidenta Dilma Rousseff como parte de los compromisos asumidos por Brasil con la ONU para mejorar la situación de los centros de detención.

La situación de los presidios en Brasil quedó en el foco de discusión luego de que la semana pasada el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, calificó el sistema carcelario del país de "medieval" y admitió que preferiría morir antes que caer preso. El Ministerio de Justicia es responsable de las prisiones.

La ministra recordó que Brasil tiene leyes desde hace más de 15 años que prohíben la tortura, pero no han sido suficientes para impedir esta práctica.

"Sabemos lamentablemente de la existencia de las torturas, de la violencia, sea en cuarteles policiales, presidios o penitenciarías, que necesitamos enfrentar. Este mecanismo presentado como proyecto de ley por el gobierno, si es aprobado por los legisladores, será un buen instrumento de trabajo para instituciones que realmente valorizan la dignidad humana", agregó Nunes.

No obstante, la diputada Erika Kokay, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, advirtió que el proyecto aún debe ser negociado con los líderes de las diferentes bancadas antes de someterlo a votación, aunque defendió su urgencia.

"Es necesario que creemos este sistema en la perspectiva de combatir la tortura con un comité que trace la política y con un mecanismo que ejecute la fiscalización", dijo Kokay a periodistas.

El sistema contra la tortura previsto en el proyecto contempla un comité integrado por 23 personas quienes formularán políticas y nombrarán a los 11 expertos encargados de monitorear las unidades de detención.