El Gobierno paraguayo admitió hoy su preocupación por la mortalidad por dengue, enfermedad que ha causado al menos 67 fallecimientos este año, y por la dejadez de la población, a la que recordó que enfrentará multas y penas de cárcel si no contribuye a la limpieza de criaderos del mosquito trasmisor.

"Impresiona que los paraguayos y paraguayas no somos conscientes de la gravedad de la enfermedad y el impacto que esta puede tener en el 2013", aseveró el ministro de Salud, Antonio Arbo, en un comunicado del organismo a su cargo.

Para principios de noviembre se habían superado los casos mortales de todo 2011, con 67 fallecidos de un total de 29.201 casos confirmados, lo que supone una tasa de incidencia de 436 enfermos por cada 100.000 habitantes, según estadísticas de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

En 2011, hubo 62 muertes y 42.264 contagios, cifras que echaron ya por tierra los logros de los años anteriores: en 2008 y 2009 no se registraron casos fatales, mientras que en 2010 fueron 15 los fallecidos y unos 10.000 los enfermos registrados.

Las autoridades han atribuido el aumento del índice de mortalidad por dengue a la circulación simultánea de más de un serotipo de la enfermedad.

El ministro criticó la "liviandad con la que muchos ciudadanos toman los aspectos de prevención" del dengue, una enfermedad endémica en Paraguay que se trasmite por la picadura del mosquito "aedes aegypti" y que causa fiebres altas, dolor de cabeza, vómitos y erupciones en la piel, y puede ser mortal en su modalidad hemorrágica.

Arbo mencionó que sería fundamental para la disminución de la propagación del virus que la población intensifique las tareas de eliminación de los posibles criaderos de los mosquitos trasmisores, que se procrean en aguas estancadas en las temporadas de calor.

"Es importante que cada uno revise su casa, a fin de evitar la disposición de recipientes que acumulen agua, floreros, cubiertas, latas, botellas y tapas. Con la revisión diaria de las casas (...) vamos a poder enfrentar con éxito esta epidemia", recomendó.

"Necesitamos el compromiso de todos para hacerle frente al dengue", insistió el ministro, al momento de advertir que todos aquellos que impidan el acceso de las cuadrillas de control ambiental a sus casas podrían afrontar penas privativas de libertad que van desde los 6 a 18 meses, así como el pago de multas.

Las autoridades han intensificado esas recomendaciones y advertencias año tras año y siempre se ven obligadas a recurrir a la ayuda de otros organismos como los municipios (alcaldías), escuelas y colegios estatales y las Fuerzas Armadas para fortalecer los controles y "mingas ambientales" casa por casa.

En el marco de esa ayuda, el Ministerio de Justicia y Trabajo puso hoy a disposición del Ministerio de Salud a 120 funcionarios que serán entrenados para sumarse a los trabajos de prevención y se espera además que otras 500 personas, entre ellas militares y empleados de la hidroeléctrica paraguayo-argentina Yacyretá, se unan a las tareas, informó el organismo sanitario.

"Desde los ministerios debemos contribuir efectivamente en lo que es prioridad para el Gobierno nacional, y la lucha contra el dengue es un plan prioritario", expresó la ministra de Justicia y Trabajo, María Lorena Segovia, tras la firma del acuerdo de ayuda con Arbo.