La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronunciará mañana, lunes, sobre la frontera marítima en el Caribe entre Colombia y Nicaragua, lo que pondrá fin a una disputa ante el máximo órgano judicial de la ONU que inició Managua en 2001, y en la que se decidirá también sobre la soberanía de media docena de cayos del archipiélago de San Andrés.

Nicaragua y Colombia presentaron durante las audiencias públicas que concluyeron el pasado mayo dos visiones muy dispares de cómo entienden su frontera marítima.

Managua pidió a la CIJ que redefina su frontera en el mar con Colombia argumentado que su plataforma continental se extiende al Este del meridiano 82, solapándose con la de Colombia.

Basándose en ese precepto, el país sandinista planteó que se divida "a partes iguales" ese solapamiento, con lo que Managua ganaría una superficie de unos 50.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental respecto a ahora.

Esa división respetaría las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva a partir de las costas de cada país, lo cual, según Nicaragua, no ocurre en su caso con la actual frontera marítima.

Colombia rechaza el planteamiento de una "supuesta prolongación de la plataforma continental" de Nicaragua.

La delegación de Bogotá pidió en sus alegatos finales que, de redefinir la actual frontera situada en meridiano 82, la CIJ de decante por trazar una "línea media" que divida las aguas entre Nicaragua y Colombia a partir la costa de las islas más occidentales de San Andrés y no de la costa de colombiana, como pretende Managua.

Además de sobre la delimitación marítima entre los dos países, la CIJ también tendrá que pronunciarse sobre la soberanía de los cayos Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranía y Bajo Sueño, que tanto Bogotá como Managua reclaman para sí.

En 2007 la CIJ ya emitió un fallo respondiendo a alegaciones provisionales de Colombia, en la que atribuía a Bogotá la soberanía de las principales islas del archipiélago: San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Managua pidió que esas islas, que se encuentran bajo la soberanía de Colombia en el espacio marítimo en disputa, se transformen en una especie de "enclave" con 12 millas náuticas, a partir de sus costas, de espacio marítimo para Colombia.

De la misma manera, los cayos del archipiélago a los que la CIJ pudiera atribuir mañana una soberanía colombiana, quedarían enclavados en un espacio marítimo de tres millas náuticas, según el planteamiento nicaragüense.

Las aguas en disputa son zonas de gran riqueza pesquera y petrolífera, cuya lucha por su control tuvo un punto álgido en 2002.

En julio de ese año, los dos países tuvieron un choque diplomático por la convocatoria nicaragüense de una licitación internacional para otorgar concesiones petroleras en aguas caribeñas bajo jurisdicción colombiana.

Se espera que los jueces se pronuncien primero sobre la soberanía de los cayos y sus aguas circundantes para después abordar el más complicado capítulo de la frontera marítima.

El fallo de la CIJ, que es inapelable, pondrá un punto y aparte de una controversia jurídica de once años pero que diplomática y políticamente se remonta a 1980, cuando Nicaragua dio por inválido el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928/1930.

En ese Tratado, los dos países firmaron un acuerdo que establecía el meridiano 82 como frontera marítima entre Nicaragua y Colombia, cuyas costas están separadas por una distancia aproximada de 400 millas.

Nicaragua recordó durante las audiencias públicas que no puede reconocer la validez de ese documento porque cuando se firmó el país estaba ocupado por Estados Unidos.

La apertura de estas audiencias se retrasó por la petición de dos países vecinos, Honduras y Costa Rica, para participar ante la CIJ en la tramitación del contencioso, porque consideraban que su fallo podría afectar a sus intereses nacionales.

Sin embargo, en mayo de 2011 los jueces rechazaron las solicitudes de intervención de esos dos países.