El Partido Social Demócrata (PSD) luso, actualmente al frente del Gobierno, continúa con su fuerte caída en los sondeos y ya acumula una pérdida de once puntos respecto a las últimas elecciones, celebradas en junio de 2011.

Según una encuesta elaborada por Eurosondagem y publicada hoy en medios portugueses, el PSD obtendría ahora en unos hipotéticos comicios el 26,9 % de los apoyos, mientras que la principal fuerza política de la oposición, el Partido Socialista (PS), le aventajaría en siete puntos con un 35 % de los votos.

Los sondeos sitúan por delante de nuevo al PS desde el pasado mes de septiembre, coincidiendo con el anuncio del Ejecutivo de nuevas medidas de austeridad para 2013, entre ellas un "enorme" aumento de impuestos, en palabras del titular luso de Finanzas, Vítor Gaspar.

El primer ministro portugués y dirigente del PSD, Pedro Passos Coelho, es también el líder peor valorado, según esta encuesta elaborada en base a un millar de entrevistas, mientras que el secretario general de los socialistas, António José Seguro, recibe la mejor calificación.

Los democratacristianos -tercera fuerza en el Parlamento y socios del Gobierno conservador, que gracias a su apoyo cuenta con mayoría absoluta- bajan también en intención de voto, aunque de forma más ligera, 1,6 puntos.

Tanto comunistas como marxistas mejoran sus resultados y suben dos y cinco puntos, respectivamente.

Los sondeos reflejan un creciente descontento popular con el Ejecutivo luso, en línea con el aumento de la movilización social registrado durante los últimos meses.

El último ejemplo se dio el pasado miércoles, jornada de huelga general convocada por el principal sindicato del país y que terminó con enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes, algo poco habitual en Portugal.

El país atraviesa la peor crisis de su historia reciente, víctima de la recesión económica -entre 2011 y 2012 se calcula que su PIB habrá retrocedido cerca de un 5 %- y con una tasa de paro récord que roza ya el 16 %.

Portugal se encuentra intervenido por la UE y el Fondo Monetario Internacional desde mayo del año pasado, cuando la presión que ejercían los mercados sobre su deuda llevó a las autoridades lusas a solicitar el rescate financiero, concedido a cambio de un severo programa de ajustes y reformas aplicado a rajatabla por el Gobierno.