Organismos humanitarios y grupos que aglutinan a víctimas de la pasada guerra en Guatemala (1960-1996) criticaron hoy el retraso en los procesos para juzgar a los responsables del genocidio en este país, y pidieron a la comunidad internacional exhortar al Estado a que se investiguen los actos de barbarie.

Un pronunciamiento de 26 organizaciones de derechos humanos y de víctimas del conflicto armado, que fue entregado hoy a Efe, denuncia que los abogados de militares implicados en matanzas recurren a "tácticas dilatorias" para evitar que sean juzgados.

Se refieren concretamente al exjefe de estado de facto (1982-1983) el exgeneral Efraín Ríos Montt, quien enfrenta dos procesos judiciales por matanzas perpetradas por el Ejército durante su régimen.

También a los exgenerales Héctor Mario López Fuentes y José Rodríguez, implicados en matanzas de más de 1.700 indígenas ixiles en la década de los ochenta.

Los militares retirados implicados piden que los tribunales les concedan la amnistía que contempla la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, la cual, afirmó hoy a Efe el director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), Juan Francisco Soto, "no es aplicable a los delitos de genocidio ni de lesa humanidad".

"La extinción de la responsabilidad penal, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada", señala el artículo 8 de esa Ley, explicó Soto.

En mayo pasado, los tribunales rechazaron aplicar la normativa solicitada por los exgenerales, y el caso pasó a la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, la cual no ha resuelto si procede o no la petición.

Según las organizaciones que velan por los derechos humanos, entre las que figura la Fundación Rigoberta Menchú Tum, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, la Fundación de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala y la Comisión Nacional de Viudas, la amnistía "no se puede aplicar a los delitos de lesa humanidad".

"Demandamos a la CC resolver de inmediato y declarar improcedente las acciones que han retardado el juzgamiento" de los militares, señala el pronunciamiento.

También piden a la comunidad internacional observar que el Estado de Guatemala garantice que se investiguen y juzguen los actos de barbarie cometidos contra la población civil.

El pasado 27 de septiembre familiares y supervivientes del conflicto armado solicitaron al procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, ser garante en el proceso por genocidio que entablaron ante los tribunales contra los exaltos mandos militares.

Según el abogado Héctor Reyes, querellante en los procesos por genocidio, los defensores de los generales retirados "están provocando violaciones al debido proceso" al interponer una serie de recursos para impedir que los imputados sean juzgados.

Ríos Montt se encuentra desde enero pasado bajo arresto domiciliario, mientras que Rodríguez y López están recluidos en un hospital militar por padecer quebrantos de salud.

La guerra, que acabó en diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla, dejó durante 36 años unas 250,000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.