El gobierno brasileño conformará una fuerza de trabajo para resolver el problema de hacinamiento en las prisiones del país, después de que el ministro de Justicia reconoció que se trata de un sistema carcelario medieval.

La Secretaría de Derechos Humanos indicó que el grupo será conformado la próxima semana con integrantes de esa dependencia y del Departamento Penitenciario Nacional para realizar visitas a las prisiones y discutir con autoridades de los 27 estados del país medidas para enfrentar el problema de las cárceles.

"Se va a comenzar a definir un cronograma de visitas a las unidades carcelarias y sostener reuniones con autoridades de los estados para tratar de avanzar en mejorar la situación de las prisiones", dijo a la AP un portavoz de la Secretaría de Derechos Humanos. El funcionario pidió no ser identificado por política del gobierno.

La situación carcelaria se convirtió en foco de discusión en el país luego de que el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, dijo a un grupo de empresarios en Sao Paulo el martes que preferiría morir antes de ir una cárcel brasileña.

Su declaración llamó la atención porque el ministerio a su cargo es responsable del sistema de prisiones del país.

"Quien entra a un presidio como un pequeño delincuente muchas veces sale como miembro de una organización criminal para practicar grandes crímenes", dijo Cardozo ante los empresarios. "Tenemos un sistema de prisiones medieval que no es solo violador de los derechos humanos, sino que no posibilita lo que es más importante en una sanción penal, que es la reinserción social".

Datos del ministerio indican que el país tiene 514.582 personas internadas en las cárceles del país, cuando el cupo es de 306.000 internos, lo que genera situaciones de hacinamiento.

Según la organización Amnistía Internacional, 44% de los internos en Brasil están detenidos en forma provisional en espera de juicio.

El informe de 2011 de esa organización advirtió que las cárceles del país suramericano enfrentan sobrepoblación extrema, condiciones degradantes y son frecuentes los casos de tortura y violencia entre los presos.

Señaló además que "en la mayoría de los estados brasileños, un gran número de penitenciarías y cárceles se encuentra bajo control de grupos criminales".

Ese mismo punto fue destacado por el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, que apuntó en un informe divulgado en junio casos de corrupción en los que presos deben pagar a los vigilantes para tener acceso a derechos básicos, como baños de sol o recibir visitas de familiares, además de que grupos delincuentes controlan muchos de los centros penales.

Para el jurista Ophir Cavalcante, presidente de la Orden de los Abogados de Brasil, la declaración del ministro Cardozo es un reconocimiento de la incapacidad del estado por resolver un problema que se ha arrastrado a lo largo de muchos años.

"Falta voluntad política para resolver el problema. Tratados como basura que se barre bajo la alfombra, los presidios se transforman en escuelas del crimen en lugar de cumplir el objetivo de resocializar", declaró Cavalcante a periodistas.